La Secretaría de Gobernación de México señaló “que no existe razón” para los bloqueos en los puentes de la frontera norte por parte de productores agrícolas del estado de Chihuahua, luego de apuntar que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales que se discute en el Congreso mexicano.
El miércoles, agricultores de la región norte del estado mexicano de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, bloquearon nuevamente cinco cruces fronterizos y carreteras federales para exigir al Gobierno federal frenar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y garantizar precios justos para la producción agrícola.
Los manifestantes advirtieron que, de no haber diálogo, el país podría enfrentar escasez de alimentos, afectaciones en el transporte y un daño estructural a la base productiva del campo mexicano.
En un comunicado, Gobernación señaló que mantiene la apertura permanente al diálogo y reiteró que ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada este jueves por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
También avisó que habrá “mesas permanentes” para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión que se desarrolla en el Senado mexicano sobre dicha ley.
El Gobierno de México “aclara que de ninguna manera se retirarán concesiones de agua” y tanto Gobernación como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) subrayan que la intención de enviar la iniciativa de ley, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua.
Ante las afectaciones a la ciudadanía, la interrupción de actividades esenciales y el impacto en el tránsito de personas y mercancías, la Secretaría de Gobernación hace un llamado “a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población y permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias”.
La nueva Ley General de Aguas indica que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.
Las protestas forman parte del paro nacional agrícola, que busca frenar la iniciativa de Ley General de Aguas, ya aprobada, y exigir condiciones justas de producción ante el aumento de costos, la falta de apoyos y la inseguridad en carreteras.
Mientras que los bloqueos continúan afectando el tránsito fronterizo, la industria maquiladora y el flujo comercial binacional, en una región donde la agricultura, el transporte y la exportación dependen estrechamente unos de otros.
La discusión legislativa del nuevo marco jurídico del agua ocurre en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías recurrentes, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola, que consume cerca del 75 % del agua disponible para consumo.
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