El Departamento de Justicia estadounidense anunció un acuerdo por el que Google compromete a responder a las citas y peticiones de registro de datos que faciliten investigaciones penales y estén ordenadas por tribunales estadounidenses.
La multinacional deberá cumplir con la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SCA) incluso cuando se pida acceso a datos almacenados en servidores que estén ubicados fuera de Estados Unidos, una situación que hasta ahora impedía el progreso de algunas investigaciones.
El acuerdo alcanzado deriva de un conflicto que se inició en 2016 cuando un juez del Distrito Norte de California solicitó a Google datos sobre la plataforma de criptomonedas BTC-e, que fue cerrada en 2017 al pertenecer a una trama de lavado de dinero y fraude fiscal.
Según la Ley de Comunicaciones Almacenadas, la empresa debía acceder a la petición ya que estaba firmada por un juez y se trataba de una causa probable, pero una Corte de Apelaciones impidió la transferencia de datos porque gran parte se localizaba en servidores informáticos ubicados fuera de Estados Unidos.
De esta manera, Google tan solo entregó datos almacenados en el país norteamericano hasta que en 2018 el Congreso estadounidense acordó que la ley también se aplicaría a datos de empresas estadounidenses almacenados en el extranjero.
“Este acuerdo garantiza que Google mantendrá la capacidad técnica y los recursos necesarios para cumplir con registros y órdenes que son críticos para investigaciones criminales federales”, afirmó en un comunicado la fiscal Stephanie Hinds, del Distrito Norte de California.
Para ello, la multinacional contará con un profesional independiente que supervise la gestión de datos y su cumplimiento con las peticiones de la Justicia estadounidense.
Asimismo, Google mantendrá una base de empleados e ingenieros dedicados a este proceso legal y desarrollará un mecanismo para sistematizar el acceso a los datos requeridos en investigaciones judiciales.
Según el Departamento de Justicia, la empresa ya ha invertido más de 90 millones en todas estas reformas, aunque matiza que el acuerdo respeta la privacidad de los usuarios, pone límites al acceso de datos y “no facilita que el Gobierno estadounidense acceda a los datos de los usuarios de Google“.
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