La Secretaría de Gobernación ha dado a conocer a las autoridades federales, estatales y municipales, una guía de Derechos Humanos.
Para poder aplicar las medidas por Covid-19, con el fin de no incurrir en la aplicación de acciones discriminatorias ni discrecionales para disminuir el impacto de la pandemia.
Todos los niveles de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que las medidas puedan llevarse a cabo protegiendo los derechos de las personas.
Subraya que las medidas que adopten las autoridades deben ser objetivas, temporales y proporcionales al riesgo.
La guía está dividida en cuatro partes: salud pública y efectos adversos sobre derechos; impactos diferenciados; prevención de discriminación y violencia; y proporcionalidad de las medidas.
La primer parte puntualiza que las autoridades deben garantizar el acceso universal a la atención médica a todas las personas sin importar si tienen seguro médico o recursos económicos, o bien, su nacionalidad, situación legal, orientación sexual o pertenencia étnica.
Se expone que las acciones deben atender principalmente a los grupos excluidos y de mayor riesgo. Entre ellos, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personas con obesidad, enfermos con VIH o con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras.
Hace énfasis en que es necesario asegurar que las personas en situación de calle puedan permanecer en un espacio digno para su protección, así como garantizar la distribución del agua y saneamiento en los lugares con mayor carencia del líquido.
La tercera parte recalca que la emergencia no debe ser excusa para la intolerancia, por lo que no se deben fomentar los discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos.
Principalmente a personas que tienen o tuvieron COVID-19, personal médico y de enfermería, personas con rasgos estereotípicamente asiáticos y personas de la diversidad sexual.
Todas las unidades de atención, como refugios y Centros de Justicia para Mujeres, los considera servicios esenciales y se mantienen abiertos durante la contingencia.
La guía destaca que la emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia no justifica implementar medidas que violen los derechos de las personas y se añade que los derechos humanos deben estar presentes en todas las medidas que tomen autoridades federales y locales.
