CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado entre nueve y 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles actos relacionados con La Estafa Maestra, informó el titular del organismo, David Colmenares.
“Las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias; en mi gestión ya llevamos nueve o 10 denuncias y estamos tratando de ampliar el espectro”, dijo en entrevista, aunque no aclaró en qué fecha se presentaron las renuncias.
De enero a junio de este año, la ASF no había presentado alguna denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, en el actual sexenio, registraba apenas una denuncia presentada en diciembre pasado por un caso en un municipio de Guerrero.
De acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación esta situación obedece a un replanteamiento de su estrategia jurídica ordenada por el actual titular de la institución David Colmenares, y que tendría por objeto presentar denuncias menos frecuentes pero más completas y sólidas.
Participaron 11 dependencias públicas en la ‘estafa maestra’
La triangulación de miles de millones de pesos a través de una red en la que participaron 11 dependencias púbicas y ocho universidades, así como 186 empresas de las cuales 128 eran fantasma o fachada, fue parte de la estrategia gubernamental para el desvío de recursos públicos.
El fraude conocido coloquialmente como la estafa maestra fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador del Congreso de la Unión, durante la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, que después derivó en una amplia investigación periodística.
El órgano auditor descubrió una red por medio de 128 empresas de papel, que carecían de la infraestructura y personal necesarios, por medio de las cuales el gobierno desvió más de 3 mil millones de pesos.
Adicionalmente, a través de 73 subcontrataciones, 11 dependencias del gobierno federal entregaron poco más de 7 mil millones de pesos.
La forma de operar en esta red era a través de la asignación de contratos de forma directa a ocho universidades para realizar estudios u otorgar servicios, que a su vez eran subcontratados a las 128 empresas fachada.
El fraude de los recursos públicos lo hicieron 11 dependencias, en las que participaron algunas tan disímbolas como la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, y contó con la complicidad de ocho universidades públicas que fungieron como intermediarias con el pago de una comisión.
Las dependencias públicas involucradas son: la Secretaría de Desarrollo Social, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que dirigía Alfredo del Mazo Maza (actual gobernador del estado de México); la Secretaría de Educación Pública, encabezada en ese entonces por Emilio Chuayffet; el Fovissste, dirigido por José Reyes Baeza Terrazas.
También participaron la Secretaría de Agricultura, con Enrique Martínez y Martínez al frente; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, y la Secretaría de Economía, en la época de Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez Coppel, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya Austin.
Las instituciones de educación superior cómplices de la llamada estafa maestra son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche); la Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comalcalco y la Tecnológica de Tabasco. (Con información de Sin Embargo/ La Jornada)
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