CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República avaló a Héctor Marcos Díaz-Santana como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto, quien fue removido por la PGR en octubre pasado.
A través de una votación secreta en papeletas, conocida como votación por cédula, por 92 votos a favor, siete en contra y cuatro nulos, los senadores avalaron que Díaz-Santana sea el nuevo fiscal que persiga los delitos electorales en México, de cara a las elecciones de 2018.
El nombramiento fue propuesto por consenso de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Héctor Marcos Díaz-Santana fue uno de los ocho mejor evaluados por el Comité Académico que acompañó a los senadores en el proceso, y uno de los 18 aspirantes, de 20, en la lista de elegibilidad que dictaminó la Comisión de Justicia.
El pasado 5 de diciembre, en la Comisión de Justicia iniciaron las comparecencias de los 21 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fepade.
Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Fue asesor de la exfiscal electoral, María de los Ángeles Fromow Rangel, y ha colaborado con distintas instituciones como el que fue el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del país y en el extranjero, como Chile y República Dominicana.
El pasado 20 de octubre, Nieto Castillo fue removido de su cargo por violar el Código de Conducta de la Fepade, decisión que tomó Alberto Elías Beltrán en su calidad de titular de la PGR.
Lo anterior provocó que partidos anunciaran que objetarían la decisión lo que detonó un conflicto entre los bloques PRI-PVEM y PAN, PRD y PT-Morena. Al final el exfiscal decidió acatar su destitución.
En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.
Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país.
Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio, la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.
