CHETUMAL, Q. ROO.- Después de una maratónica audiencia inicial en contra del ex tesorero de Roberto Borge, José Alejandro Marrufo Roldán, el juez de control oral en materia penal del distrito judicial de Chetumal, Alex Ramiro Buenfil Ayala, ordenó la pronta liberación del ex funcionario.
Lo anterior, toda vez que por mandato judicial federal, cuenta con un amparo para efectos de fecha 4 de agosto del año en curso, por lo que apenas pudo realizarse la imputación, cuando de inmediato se invalidó la legal detención y no se pudo iniciar la audiencia de vinculación a proceso.
Sin embargo, se informó que a pesar del amparo, José Alejandro Marrufo, tiene retenida su licencia, pasaporte y visa, lo que otorga mayores garantías para que responda por el proceso judicial que se instauró en su contra.
Como se recodará la detención del ex funcionario se realizó en Mérida, Yucatán y fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, ingresando por la madrugada.
Posteriormente se puso a disposición del juez de control para la calificación de la legal detención la cual no fue correcta, pues el imputado, José Alejandro Marrufo, contaba con un amparo para efectos, por lo que a criterio del juzgador, no debía haber sido detenido, por ello, la audiencia quedó sin efectos.
Por su parte, los fiscales del ministerio público del área anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, señalaron que existió una omisión por parte del juzgador federal, ya que no fueron citados con fines de notificarles el amparo de la justicia federal a favor de José Alejandro Marrufo.
Siendo además que al momento no existía la suspensión provisional ni mucho menos la definitiva, es por eso, que la detención del día de ayer, se había llevado al cabo, sin embargo, dicho criterio no fue compartido por el jurista que resolvió la invalidez de la detención finalmente.
ACUSACIONES
Es importante destacar que Alejandro Marrufo Roldán está acusado de peculado durante su desempeño como tesorero en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Cabe señalar que un juez penal de Chetumal liberó una orden de aprehensión en su contra, dentro de la carpeta de investigación 144/2018, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delito de peculado, en agravio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ahora Secretaría de Obras Públicas.
El pasado 11 de junio de este año ganó un amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra en 2018, luego de que el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, ordenó dentro del expediente 1009/2019 dejar sin efectos esa orden de aprehensión.
La demanda en contra del ex funcionario, estaría sustentada en el pliego de observaciones 16-A-23000-02-1384-06-001, de la secretaría de la contraloría, dependencia que sustentó un probable daño y/o perjuicio a la hacienda pública del estado de Quintana Roo.
Marrufo Roldán no proporcionó ni tampoco hizo la asignación presupuestal, ni se acreditó debidamente el destino de los recursos de las participaciones federales a entidades federativas correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.
IRREGULARIDADES
Las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Contraloría consisten en transferencias bancarias realizadas a una cuenta no registrada en el listado de “pagos provenientes de Gasto Corriente” de la Secretaría de Finanzas y Planeación identificadas con los números BANORTE742004619, HSBC4100388488, BANCOMER0443717364 y HSBC 4100386730.
Cheques expedidos a nombre Germán Aurelio Parra López, ex subsecretario de Agricultura por mil 850 millones 184 mil pesos, firmas de recepción de cheques por Humberto Joaquín González Canto en su carácter de jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y no del beneficiario del cheque.
Entre las inconsistencias detectadas está la de pagos improcedentes por mil 580 millones 096 mil 900 pesos, por no encontrarse sustentados con los oficios de ampliación de recursos correspondientes.
Parra López efectuó dos reintegros a la cuenta pagadora HSBC 4100388488 por 500 mil pesos el 10 de junio de 2016 y por dos millones 500 mil pesos el 30 de junio del mismo año.
