La iniciativa privada del norte del estado pidió que se realice una investigación contra Raúl Bermúdez Arreola, funcionario de Fonatur, porque los abusos en los que incurrió no puede quedar en una simple disculpa, además de ser una oportunidad para que dé a conocer el trabajo que afirma está realizando.
El servidor público fue exhibido, a través de un audio, amenazando a la administración del condominio Isla Dorada, de la zona hotelera, incluso, con cerrar los accesos, porque no querían exentarle el cobro del servicio de gimnasio.
Al respecto, Sergio León Cervantes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró necesario que Fonatur levante, por lo menos, un acta administrativa a Raúl Bermúdez Arreola, encargado de despacho del Centro Integralmente Planeado de Cancún.
“Esto debe dejar un precedente y no solo es aceptable la disculpa, y además de las acciones que tome Fonatur, es necesario que la ciudadanía y el sector empresarial conozca que están haciendo, pues creemos que es una buena oportunidad”, explicó.
Afirmó que desde Coparmex están combatiendo la corrupción y por una mayor transparencia, al cual consideró necesario sumar el abuso y nepotismo en las que incurren las autoridades.
Recordó que no es el primer caso que surge en Quintana Roo, pues el año pasado un funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue exhibido por actitudes impropias.
En tanto, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste, mencionó que es inaceptable que un servidor público utilice su cargo para algo personal, y ante ello la dirección general deberá actuar.
Para Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, comentó que Fonatur deja mucho que desear en el trabajo que realiza, por lo que no existe justificación alguna a la manera de actuar de sus funcionarios.
Por su parte, Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Quintana Roo, consideró necesario que la dependencia, dirigida por Rogelio Jiménez Pons, tome cartas en el asunto, pues ningún funcionario debe usar su puesto para amedrentar a alguien.
“Definitivamente, ningún funcionario o servidor público de cualquier gobierno, sea federal, estatal o municipal, tenga o no razón, puede amenazar o amedrentar a alguien con el nombre de la institución a la que pertenece”.
Señaló que, como ciudadano, debe afrontar las situaciones ante un posible maltrato, pero “jamás utilizar a la institución para amenazar a una persona”.
“Este tipo de comportamientos destruye todo lo que estamos haciendo los demás y no se puede tolerar”.
A pesar de que ese tipo de faltas están catalogadas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto Bermúdez Arreola como su jefe Rogelio Jiménez Pons pretende resolver el caso con una simple disculpa que fue circulado por el servidor público señalado.
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