Diputados del PAN consideran que el fiscal de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez, debe seguir el ejemplo de su homólogo de Veracruz: renunciar al cargo
CHETUMAL, Q. ROO.- El Fiscal General de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez, debe seguir el ejemplo de su homólogo de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, y renunciar a su puesto; toda vez que ambos se encargan de atender las denuncias en contra de los mismos exgobernadores que los designaron, generando conflicto de intereses, aseveró el diputado local panista Fernando Zelaya Espinoza.
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, consideró como un acto responsable que el fiscal del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, ponga a consideración del ejecutivo y de la Decimoquinta Legislatura su renuncia en aras de generar confianza en la ciudadanía.
Zelaya Espinoza recordó que el Partido Acción Nacional denunció en su momento lo irregular del procedimiento por el que fue nombrado Carlos Arturo Álvarez como titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, en las últimas semanas del gobierno de Roberto Borge.
“Este hecho fue parte del llamado ´paquete de impunidad´ que organizó el exgobernador para protegerse y no enfrentar la justicia por sus excesos”, dijo el legislador panista Fernando Zelaya
Asimismo, mencionó que incluso el exgobernador Roberto Borge le asignó la Notaría 112 con sede en Cancún a María Teresa Suárez Álvarez, esposa del actual Fiscal.
“Por garantizar la gobernabilidad y la aplicación imparcial de justicia, debe renunciar el Fiscal encargado de llevar las denuncias en contra del exgobernador que lo impuso en el cargo, y que además le regaló una Notaría Pública a su esposa”, puntualizó Zelaya.
Explicó que un argumento semejante fue el que presentó el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, al renunciar al puesto de nueve años para el que fue designado por el exgobernador Javier Duarte.
LA INVITACIÓN
“Siguiendo su ejemplo, Carlos Álvarez debe renunciar y dejar su cargo a una persona que esté libre de sospechas de relación con el exgobernador, para así ser imparcial en la atención a las denuncias penales que se están presentando en contra de Roberto Borge”, concluyó.
Por su parte, Martínez Arcila, destacó que con el reciente decreto sobre la designación y remoción del fiscal general del estado, se garantiza a los ciudadanos que quienes presuntamente hicieron mal uso de los recursos públicos o cometieron algún acto de corrupción serán sujetos al proceso legal correspondiente.
El presidente de la Gran Comisión, también recordó que desde que iniciaron los trabajos de la Decimoquinta Legislatura, se han realizado una serie de modificaciones revirtiendo casi en su totalidad el famoso “paquete de impunidad” con el que se pretendía blindar legalmente al ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Fuente: Galu Comunicación
