CHETUMAL, Q. ROO.- La dirigente del Consejo Ciudadano por Quintana Roo, Patricia Palma Olvera, reclamó la intención de la diputada Eugenia Solís de modificar la Ley para la Protección de Personas Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, sin consultar a comunicadores ni activistas. Calificó esa propuesta como un “remendo” de varias leyes.
Añadió que eso incumple la promesa del gobernador de abrogar la anterior “ley borgista” y anotó que varias asociaciones en el sur del estado no fueron convocadas para el análisis de la misma.
En primera instancia durante los trabajos de la sesión del pasado lunes 2 de Octubre la legisladora Eugenia Solís Salazar presentó la iniciativa de decreto en la cual propone que el sistema de defensa quede integrado por una junta de gobierno, un consejo consultivo y una fiscalía investigadora estableciendo que la junta de gobierno sea la máxima instancia del sistema de protección y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensores de Derechos Humanos y periodistas en el estado y sus resoluciones serán obligatorias para las autoridades cuya intervención sean necesarias.
Dicha propuesta fue calificada como un “Frankenstein” por parte de la presidenta del Consejo Ciudadano por Quintana Roo, ya que dijo: “solo se tomaron partes de otras leyes para hacer una que no está a la medida del estado, además de que es parcial porque no se convocó a todas las asociaciones civiles que han estado en pie de lucha en la defensa de los derechos de los periodistas en Quintana Roo”.
Palma Olvera comentó que la legisladora tampoco cumplió con la promesa hecha por el gobernador del estado Carlos Joaquín de abrogar la ley ejecutada por el ex gobernador Roberto Borge para agredir e intimidar a los periodistas del estado.
Cabe mencionar que la iniciativa presentada ante el pleno local puntualiza que la junta de gobierno sesionará de manera ordinaria por lo menos cada tres meses y de manera extraordinaria cuando así lo convoque su presidente y para sesionar requerirá de la asistencia de más de la mitad de la totalidad de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá derecho al voto de calidad.
La junta de gobierno determinará, aprobará, evaluará y suspenderá, en su caso, las medidas preventivas, medidas de protección y medidas sociales a partir de la información elaborada, así como suspender o modificar las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas sociales previo estudio de evaluación de riesgo que realice la fiscalía investigadora.
La también dirigente del Barzón en el estado consideró como delicados estos últimos términos porque no hay una verdadera autonomía que garantice el actuar de los funcionarios públicos integrantes de este organismo, lo cual deja nuevamente atados de manos al gremio periodístico.
Advirtió que por ello asistirán al Congreso en los próximos días para que se haga un nuevo replanteamiento de estas propuestas que son evidentemente solo remedos de otras leyes federales, la misma ley Borgista y la de otros estados de la república.
De lo contrario iniciarán con movilizaciones en contra de la propuesta de ley para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, así como de los diputados integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos en la XV legislatura.
