Luego de las investigaciones del Periodista Amir Ibrahim, con su reportaje “El Cartel del Gol”, el presidente y director de Grupo Orlegi, propietario de los equipos Santos y Atlas, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presunta evasión fiscal.
Las autoridades hacendarias presentaron una querella contra el empresario, señalado de no pagar impuestos por un monto de 17 millones 69 mil 865 pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios de jugadores del Club Santos Laguna durante el período de enero a julio de 2017.
Esta situación pone en entredicho la transparencia financiera en el ámbito deportivo y requiere una exhaustiva revisión legal.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó al Club Santos Laguna sobre las observaciones detectadas en la verificación contable realizada el 5 de diciembre pasado. Durante la revisión, se encontraron indicios de que se omitió el pago del ISR de salarios a jugadores del equipo y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la querella, sustentando que el presidente de Grupo Orlegi habría utilizado engaños para evadir el pago de impuestos en los salarios de los jugadores durante dicho período.
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Se reveló que el Club Santos Laguna realizó un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos a 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico, las autoridades hacendarias alegan que los directivos del club emplearon una estrategia para eludir el ISR al registrar dichos pagos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están exentas de impuestos.
Asimismo, se utilizó un “contrato colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para llevar a cabo los pagos y justificar la exención fiscal.
La investigación de la Fiscalía General de la República está en curso para determinar el tipo de delito y las consecuencias legales que enfrentará Alejandro Irarragorri por esta presunta evasión fiscal, la evasión fiscal conlleva penas de prisión de tres a nueve años, aunque existe la posibilidad de reducir la pena si el monto defraudado es pagado de manera inmediata.
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