CHETUMAL, Q. ROO.- A unos días de darse a conocer por parte de la Contraloria que existen 50 denuncias en contra de exborgistas por el daño patrimonial, un juez del distrito judicial de Chetumal giró una orden de aprehensión en contra de la exdirectora del Instituto del Patrimonio del Estado, Gina Patricia Ortiz Blanco, a quien se le relaciona con la carpeta Administrativa 158/2018 por la venta irregular de al menos 11 inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.
Se estima que el daño patrimonial por estas ventas irregulares es de 53millones 491 mil 85 pesos. Cabe mencionar que el IPAE fue un ente descentralizado cuyas atribuciones primordiales fueron administrar, vigilar, controlar, custodiar y disponer, según su caso, de los bienes inmuebles del dominio del estado.
Se mencionó un total de pérdidas por 145 millones 717 mil pesos en los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, parte de las investigaciones que realizan en este caso.
El IPAE desapareció en la actual administración y fue sustituido por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO), cuyo titular Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, encabezó el aseguramiento de los tres predios del CREA que fueron rematados a precios risibles.
La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) promovió el pasado miércoles 20 de marzo tres juicios civiles en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en contra de la persona moral Caveri Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., y fue el viernes 24 que el juez autorizó el aseguramiento de los predios al Gobierno del Estado.
Los lotes, que tienen un valor aproximado de más de 4,000 dólares por metro cuadrado, fueron vendidos a precio de remate en la administración de Borge Angulo, pero el abandono de los inmuebles inició desde el gobierno de Félix González Canto.
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