Resolvió un juez federal que el presidente Donald Trump no podrá deportar a migrantes a terceros países -distintos de su lugar de origen- sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad.
Actualmente Estados Unidos puede deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de migración ordena su traslado a un lugar donde corran el riesgo de ser torturadas o asesinadas, sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades responsables de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan, dijo el magistrado Brian Murphy.
Igualmente, Murphy alertó que el gabinete de Trump ‘aplicó y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados sobre reclamos basados en el miedo; en otras palabras, sin debido proceso’.
Además, el juez afirmó que su orden busca prevenir el ‘daño irreparable’ -persecución, tortura y muerte- al que pueden enfrentarse estas personas en los países a los que se las envía, donde frecuentemente no tienen la oportunidad de impugnar ante la Justicia su deportación.
Sobre la misma línea, el fallo de Murphy obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los extranjeros antes de deportarlos a un tercer país, así como a garantizarles una ‘oportunidad significativa’ para manifestar sus inquietudes en materia de seguridad, ofreciéndoles un plazo mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus procesos migratorios.
Dicha decisión llega después de que el presidente estadounidense apelara el mes pasado a la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a dos aviones cargados con presuntos miembros de pandillas venezolanos a la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, sin brindarles un proceso legal adecuado y con garantías.
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