Una jueza federal del Distrito Este de California emitió una orden que restringe las facultades de la Patrulla Fronteriza para realizar arrestos migratorios sin orden judicial. La magistrada Jennifer L. Thurston determinó que los agentes no pueden detener a una persona sospechosa de vivir en Estados Unidos de manera irregular a menos que cuenten con una orden o una razón fundada para creer que dicha persona podría huir antes de obtenerla.
La decisión se da en el contexto de la “Operación Retorno al Remitente”, un operativo de control migratorio ejecutado en enero de 2025, durante el cual decenas de personas fueron arrestadas en el Valle Central de California. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda tras los hechos, los agentes detuvieron de forma inconstitucional a personas que “parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros”, sin tener en cuenta su estatus migratorio real.
Además, la jueza dictaminó que los agentes no pueden aplicar la figura de “salida voluntaria” sin informar previamente a las personas detenidas sobre sus derechos ni obtener su consentimiento expreso.
La medida se aplica exclusivamente al Distrito Este de California, donde se concentra una parte significativa de la población trabajadora del campo y que fue uno de los focos principales de los operativos migratorios recientes. La demanda fue interpuesta por la ACLU en representación del sindicato United Farm Workers y de personas afectadas por estas acciones.
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