Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de seguridad además de informar sobre algunas detenciones destacadas, expuso cómo los jueces federales ayudan a presuntos criminales.
El primer caso que presentó fue el de la jueza Jesús Karina Armada Rábado, la cual dictó auto de libertad a favor de Luis “N”, ex funcionario de la secretaría de seguridad Federal.
De acuerdo a la jueza “no se aportaron medios de convicción aptos y suficientes para acreditar el delito como lo mandaba el artículo 21 constitucional”.
Actualmente Luis “N”, ex titular de División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal se encuentra recluido en el penal del Altiplano por otras causas penales.
El Poder Judicial también fue expuesto por haber sobreseído la causa penal en favor de Rogelio “N” y ordenó su libertad porque presuntamente se afectó su presunción de inocencia, pues “el cateo en el que fue detenido […] vulneró sus derechos fundamentales, pues no se le permitió nombrar testigos”. Rogelio “N” es un presunto operador financiero del CDG, detenido con fentanilo y cocaína.
Otro de los casos presentados por Rodríguez Bucio fue el de la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, la cual decretó una suspensión de manera definitiva a favor de Emilio “N”.
Esta suspensión definitiva prevalecerá hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo y no implica la libertad de Emilio “N”, señalado de haber operado una red de corrupción por el caso Odebrecht.
