La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente al gobierno federal para que cancele la elección judicial, argumentando un “riesgo inminente” de infiltración por parte del crimen organizado en el sistema judicial mexicano.
Este pronunciamiento surge tras las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y grupos narcotraficantes. La Jufed señaló que estas acusaciones coinciden con advertencias emitidas por la Relatoría de la ONU para la Independencia de los Magistrados y diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales, sobre los peligros que implicaría la elección popular de los juzgadores.
En un comunicado, la Jufed recordó que el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue uno de los primeros en alertar sobre el riesgo de que una elección popular de jueces permitiera la infiltración de grupos criminales en el sistema judicial. Además, citó a la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien expresó su preocupación por la reforma judicial en México que propone la elección directa de jueces. Satterthwaite advirtió que dicha reforma podría abrir la puerta a la influencia indebida de élites políticas, económicas y, en particular, de actores del crimen organizado.
La Jufed también enfatizó que la elección directa de jueces es una práctica poco común a nivel internacional, y en contextos como el mexicano, podría comprometer la independencia judicial, ya que actores poderosos, como grupos económicos o criminales, podrían ejercer presiones para manipular los resultados a su favor.
Asimismo, la asociación señaló que en los últimos meses los mexicanos han sido testigos de inconsistencias y graves irregularidades en el diseño y preparación de la elección judicial, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar que el proceso se realice sin la interferencia de grupos criminales. Según la Jufed, estas irregularidades confirman que no se tiene el control necesario para evitar la influencia de dichos grupos en amplias regiones del país.
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