Empresarios y políticos apoyan revocar concesión a Aguakán por mala calidad; Ciudadanos demandarán a CAPA y a la concesionaria por daños a la salud
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Sergio Zapata Vales, director general de la empresa “Más allá de tus expectativas, S.A. de C.V.” (MADTE), convocó a asociaciones civiles y cámaras empresariales para sumarse a la demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) antes de que termine la actual administración estatal, para que respondan por la violación a la Norma Oficial Mexicana 127 (NOM), toda vez que un análisis de laboratorio certificó que el agua que suministra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) no es potable.
“Esta norma no sólo es nacional, sino que tiene que ver con una cuestión de salud, que se controla también a nivel internacional. Lo ideal es que hagamos otro muestreo en una casa particular, porque es difícil que CAPA nos dé una muestra de sus tanques de agua de almacenamiento de rebombeo, no nos va a dar el acceso porque, de entrada, veríamos una capa de sólidos disueltos asentados en el fondo. Además, si hacemos un muestreo ahí corremos el riesgo de que nos cambien la calidad del agua, son capaces de rellenar los depósitos con agua de garrafón purificada para que digan que no hay ningún problema. Por eso tenemos previsto, a través de una fe notarial, hacer un muestreo desde donde se extrae el agua y los procedimientos por los que pasa para eliminar los minerales excedentes hasta cumplir con la Norma Oficial Mexicana”, explicó.
“En Quintana Roo se creó CAPA, un organismo descentralizado para el manejo adecuado del agua que tiene la obligación de entregar los análisis de agua para verificar la calidad que suministra a cada municipio, lo que a la fecha no se hace. Luego, el Gobierno del Estado concesiona la operación a Aguakan por no tener la capacidad técnica ni económica para el suministro. Se concesiona el servicio pero éste queda sujeto a cumplir las normas oficiales. Lo más grave es que CAPA no está vigilando nada porque entonces le tendría que revocar la concesión, además de que no exige nada. La Secretaría de Salud, que también está obligada a verificar la calidad del agua, no hace ningún señalamiento, ni siquiera existe una prueba de laboratorio por parte de la Cofepris por municipio que sea dada a conocer de forma pública, lo dicen, pero no con pruebas”, acusó.
“Ni siquiera existe una prueba (de calidad de agua) de laboratorio por parte de la Cofepris por municipio que sea dada a conocer de forma pública”
“Las cámaras y hoteleros deben involucrarse, a ellos cada mes les revisan sus cocinas, si están cumpliendo sus parámetros, y les obligan a pagar sus análisis de agua pero no se los entregan, nada más les dicen que ya cumplieron, les dan recomendaciones de cómo deben preparar alimentos con agua de garrafón y les agarran el dinero. Les piden el certificado “H” pero hay una corrupción donde el empresario no tiene la culpa, porque lo que busca es operar y trabajar. El problema más grave es la corrupción entre CAPA, Cofepris y la Secretaría de Salud. El Estado no está haciendo su trabajo”, sentenció.
“También están las pipas, dicen que son de agua potable y no son, y es un fraude, los piperos transportan, pero tampoco se verifica la calidad del agua, porque incluso las cargan en cenotes y las quieren pasar como agua potable. La cuestión está en que, donde llenan las pipas, no hay ningún elemento de Cofepris que las selle y que la ciudadanía pueda ver ese certificado. La gente está pagando lo que el gobierno no está entregando. No estamos pidiendo el agua regalada pero sí exigimos calidad”.
INTERESES PRIVADOS, EL TRASFONDO DE LA DENUNCIA
“La gente se va a los rellenadores de garrafón, donde cada uno vale 12 pesos. Una familia gasta al mes un promedio de 300 pesos más el pago del recibo mínimo de agua, que asciende a 300 pesos, y si se le suma el gasto energético, porque no te llega una buena presión y hay que subirla al tinaco, más el mantenimiento anual, gasto de plomeros, entre otros, entonces el costo del agua aumenta. Por citar un ejemplo, ahorita el metro cúbico puede costar 24 pesos, pero quizá si costara 30 pesos, los 800 pesos quedan cubiertos, pero el beneficio es enorme”, expuso.
Zapata Vales, quien dijo ser dueño de dos fraccionamientos en Chetumal, Andará y La Conquista II, uno de interés social y otro de alta plusvalía, afirmó que en ambos casos su empresa ha instalado plantas de tratamiento bajo el sistema de ósmosis inversa que la Comisión Nacional de Vivienda exige para entregar agua de calidad, una tecnología que permite a las personas consumir el vital líquido directo de las llaves de sus hogares y así evitar comprar agua purificada y pagar además el precio del agua potable que les suministra la CAPA.
Así, y aunque el empresario asegura estar preocupado por la afectación que provoca la mala calidad del agua a la salud de los quintanarroenses, es importante mencionar que Sergio Zapata Vales habría recibido del gobernador Roberto Borge la validación para operar el suministro a través de la empresa “Más allá de tus expectativas S.A. de C.V.” (MADTE), sin embargo, la CAPA se ha negado a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua, que le faculta para aprovechar y explotar el agua, de modo que no ha logrado validarse como proveedor.
DAÑOS A LA SALUD
ABC Analitic, laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entregó los resultados del análisis del agua que CAPA suministra. El muestreo se realizó en Chetumal y quedó probado que no cumple con la calidad requerida para uso humano, por lo que ahora Sergio Zapata busca realizar el mismo muestreo en otros municipios de Quintana Roo.
El estudio reveló que el agua que la CAPA suministra presenta problemas de dureza total con 932 mg/L (+432 mg/L), sólidos disueltos totales 476.50 mg/L (+76 mg/L) y sulfatos con mil 274 mg/L (274 mg/L), que rebasan los parámetros fijados en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, referente a “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.
REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN
Cabe mencionar que los municipios tienen la facultad para revocar la concesión de Aguakan. “En el Diario Oficial, hay artículos en los que se dice qué pasa si el gobierno no cumple con el servicio de calidad y cómo el municipio lo puede revertir. En realidad sólo se trata de voluntad, de que el gobierno y los ciudadanos lo quieran realizar. Lo que reclamamos es la calidad del agua y que la cantidad que se suministra también sea la suficiente”, aseguró René Serrano, director administrativo de la empresa “Más allá de tus expectativas S.A. de C.V.” (MADTE).
Explicó que está publicado en el periódico oficial, con fecha 15 de febrero de 2011, en el artículo 161, que es responsabilidad de los municipios dotar del servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Sin embargo, en el artículo segundo transitorio, se establece que el Gobierno del Estado podrá solicitar a la Legislatura que el servicio se transfiera si perjudica a la población. La legislatura resolverá lo conducente.
ADHESIÓN DE LA CIUDADANÍA
Aunque muchos grupos sociales aún desconocen el papel que juega la empresa “Más allá de tus expectativas S.A. de C.V.” (MADTE), asociaciones están dispuestas a participar en la batalla legal para que CAPA suministre verdaderamente agua potable. “La intención es involucrar a la ciudadanía. Don Sergio quiere apoyar, pero necesita el respaldo de los dirigentes de la cámaras, como Canacintra, de los restauranteros y hoteleros, independientemente de eso es importante que la gente se entere que es factible, que estamos en un momento histórico muy bueno para poder hacer valer la voluntad popular, no de un partido político ni de un interés privado, para que se nos proporcione agua potable. Sergio Zapata incluso costearía los muestreos de laboratorio y al notario. De las personas que le entrarían está Pablo Alcocer (presidente de la Canaco-Servitur), Lenin Amaro (presidente de la Asociación de Propietarios Inversionistas y Prestadores de Servicios de la Riviera Maya.), incluso el Consejo Coordinador Empresarial”, afirmó el abogado Javier Camou Borquez, quien también labora en el área de Recursos Materiales e Inventarios del Ayuntamiento de Solidaridad.
“Se necesita el respaldo de Canacintra, restauranteros y hoteleros. Es factible, estamos en un momento histórico muy bueno para para que se nos proporcione agua potable”
DEMANDAS ANTE LA PGR CONTRA BORGE Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Por su parte, el líder del Movimiento del Pueblo en Defensa del Agua y los Derechos Humanos, Salvador Ramos Bustamante, adelantó que este sábado 17 de septiembre presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la empresa concesionaria Aguakan, por daños a la salud y al patrimonio de los consumidores derivado de la mala calidad del vital líquido.
La denuncia se hará en contra del gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, de los presidentes municipales de los once municipios, el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero; el director general de Aguakan S.A de C.V., el gerente del organismo operador de la CAPA, Rusbel Arceo Sánchez; el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo (SESA), Juan Ortegón Pacheco; el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Quintana Roo (Cofepris), Juan Ortegón Pacheco, y quien resulte legalmente responsable.
Asimismo, explicó que si las tuberías se llenan de sarro y otros materiales debido a ciertas acciones u omisiones encaminadas al daño y vinculadas al mal desempeño de funciones públicas, esto se configura como un delito contra la salud pública y lesiones, además del uso indebido de atribuciones y facultades, y otros delitos que resultasen derivados de la mala calidad de agua que surte el organismo operador con motivo de los contratos, convenios y concesiones celebrados con el Gobierno del Estado y los municipios.
“Estamos a unos días de que termine su mandato el gobernador Roberto Borge y los presidentes municipales sus funciones, así como los demás funcionarios de otras dependencias que están involucradas, pero sus responsabilidades no terminan, las investigaciones deberán aclarar si existe o no delito que perseguir y, aún terminadas sus funciones, tendrán que responder”, concluyó.
Fotos: Adriana Olvera
