Un juzgado federal concedió la libertad provisional a los ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
Dicha liberación ocurrió por un “criterio parcial y sesgado”, así lo denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.
El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares que pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, donde ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.
Sin embargo, la Guardia Nacional (GN) argumentó que existe un “alto” riesgo de fuga; por su parte el Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de “seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”.
“Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso”, concluyeron en comunicado.
