El colega Héctor Raúl González, periodista que desarrolla un espléndido trabajo en el estado de Morelos, presentó esta semana los testimonios de dos mujeres a quienes hace algunos años se les negó la posibilidad de recoger los cadáveres de sus respectivos familiares en la Fiscalía del Estado de Morelos. En un caso, se le dijo que no se le podía permitir ver cadáveres para buscar a la persona perdida porque eso, simplemente, “no se hacía…”, y en el otro -en el que sí pudo identificar el cuerpo- no se le permitió llevarse el cadáver porque “no tenía papeles”. Uno de ellos había muerto atropellado y el otro ejecutado en 2011. Ambos, ahora se sabe, estaban plenamente identificados pero, aun así, no fueron entregados a la familia. Fueron enviados a las fosas de Tetelcingo.
El caso de esas fosas detonó con la historia de Oliver Wenceslao Navarrete, un comerciante de Cuautla que fue secuestrado por siete hombres armados en 2013 y cuyo cadáver fue encontrado en una barranca de la zona. Una vez sacado el cuerpo de ahí fue llevado al Servicio Médico Forense. La madre lo reconoció, ahí, de inmediato. El cuerpo fue reclamado pero, con el mismo patrón que en los otros casos, las autoridades decidieron no entregar el cadáver. Igualmente fue enviado a una de esas fosas. La familia insistió, pero la respuesta fue: que ya estaba ahí y que lo dejaran “descansar en paz”.
La aberrante situación llevó a la familia de Oliver a dar una notable batalla ante la justicia de la que salieron victoriosos. Obligaron a que las fosas se abrieran y se recuperara el cadáver. El cuerpo de Oliver estaba hasta el fondo de una de ellas. Encima de él, decenas de cuerpos tuvieron que ser retirados. El horror se instaló entre quienes seguían la historia. Agravio sobre agravio, las autoridades no fueron capaces de coincidir ni siquiera en las cifras de los cuerpos que sacaban. El fiscal hablaba de 116; el jefe de la policía de 150.
Recuperados los restos de Oliver, la familia pudo procesar el duelo de mejor forma y dejar que sus restos reposaran en condiciones dignas. Lo que lograron abrió la puerta para que otras personas puedan encontrar a personas desaparecidas y asesinadas.
Gracias a los familiares de Oliver, que continúan con una batalla por la justicia después de haber logrado el objetivo inicial de recuperar el cuerpo, al poeta Javier Sicilia y a muchos otros que se han empeñado en que se desarrolle un trabajo de identificación de más de cien personas y de recomponer, en la medida de lo posible, lo que quedó evidenciado como un vil amontonamiento de cuerpos, es que ha sido posible conocer testimonios como los de esta semana. Estamos ante una altamente probable colusión de autoridades con el crimen organizado o bien ante una descomunal ineficiencia de quienes manejan asuntos tan delicados. Cuando fue recuperado el cadáver de Oliver Wenceslao el fiscal declaró: “Los demás cuerpos que se encuentran en la fosa son personas que estaban en el Servicio Médico Forense, en el 2010, 2011 y 2012, que por cuestiones de salud y que no los reclamaron sus familiares fueron depositados en la fosa”. Por lo menos en los dos casos conocidos esta semana queda claro que no es la explicación correcta.
¿Qué explica que las autoridades responsables de Morelos no hayan procedido de forma apropiada para que los deudos pudieran recuperar, por lo menos, a sus muertos? ¿Para no estar obligados, después, a investigar? ¿Para no abrir la puerta que descubra la colusión de autoridades con el crimen organizado? ¿O solo para tapar la grave ineficiencia cuando de esclarecer crímenes y homicidios se trata?
En octubre del año pasado la CNDH -a través de 6 recomendaciones- pidió que se investigara a 42 funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por las irregularidades en las fosas de Tetelcingo. No parece haber muchas noticias al respecto. Los testimonios de esta semana no solo estremecen, sino que nos muestran cuán lejos estamos de una elemental justicia en estos y en otros miles de casos. No hay futuro que valga si no ponemos como asunto central los grados de impunidad y corrupción que agobian a México. Tetelcingo es uno de los casos emblema.
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