Gracias a un boletín publicado el 13 de marzo de 2020 en la página oficial del gobierno de Laura Beristain podría evidenciar conflictos de intereses y nepotismo, posibles delitos que fueron denunciados por un ciudadano ante la Contraloría municipal de Solidaridad y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
Desde ese día, la Dirección de Comunicación Social, encabezada por Román Contreras Nahón, emitió el comunicado 935, en el que se asegura que el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, designó a dos encargados del proyecto Tren Maya en el municipio con cabecera en Playa del Carmen.
Los nombres que menciona el comunicado son el del hermano de la alcaldesa, Juan Carlos Beristain Navarrete, quien fue candidato a diputado local y concejal del municipio; y a Andrés Altesor Buriano, quien fungió primero como asesor y luego como director de Desarrollo Urbano.
Sin embargo, esta información fue desmentida por el propio Jiménez Pons, así como por una de las verdaderas designadas como enlace del Tren Maya, en particular, del tramo Tulum-Chetumal, Lilia Gabriela González Moreno, según la denuncia ciudadana interpuesta ante las instancias ya mencionadas.
Presuntos nombramientos
El boletín 935, titulado “Fonatur designa nuevos encargados del Tren Maya en Solidaridad”, establece que la dependencia federal puso a ambos personajes, “por su extensa trayectoria en el desarrollo de programas sociales y conocimientos en infraestructura”.
Sin embargo, la solicitud con folio 2137200006320 en la Plataforma Nacional de Transparencia, levantada el 18 de mayo y contestada mes y medio más tarde, revela que Fonatur solo reconoce a tres personas como servidores públicos relacionados con el megaproyecto.
Los encargados en Quintana Roo del proyecto Tren Maya son: José Roberto Sánchez Castillo, a cargo del tramo Chetumal-Escárcega; Lilia Gabriela González Moreno, en el tramo Tulum-Chetumal; y Marianne Janine Desiree Bleher, quien supervisa el tramo Cancún-Tulum. Todos con oficinas en Cancún y bajo la jefatura directa de Juan Emmanuel González Castelán.
El mismo recurso de transparencia destaca que no existe información alguna en la dependencia respecto a presuntos enlaces municipales del proyecto; versión que también fue manejada por el delegado regional de Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola, según reportó El Quintana Roo.
De acuerdo con el mencionado medio de comunicación, este funcionario federal, que inicialmente negó el nombramiento de dichos personajes, a los pocos días reconoció que sí estarían vinculados con el proyecto porque cada municipio designó encargados, aunque no se especificó de qué manera se hicieron estos presuntos nombramientos, ni se supo de otros municipios que lo hayan hecho.
Denuncias interpuestas
Con base en esta información se sustentan las denuncias de posibles delitos ante tres instancias: la Contraloría municipal; la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo —folios PLC/0230/07/2020 y PLC/0231/07/2020—; y una más en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) de la Secretaría de la Función Pública —folio 32906/2020—.
El ciudadano que las interpuso refiere que, tras recibir la información mencionada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, logró contactar al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien le confirmó que la dependencia federal no ha designado a nadie en Solidaridad, además de proporcionarle los teléfonos de quienes realmente figuran como funcionarios.
“Con la información proporcionada puedo asumir que mintieron a los solidarenses, ignorando un servidor los motivos, pretensiones y beneficios que buscaran al realizarlo, por lo que solicito a la Contraloría municipal se dé por recibida mi denuncia”, apunta la queja, además de señalar que quienes podrían estar involucrados en el tema serían la alcaldesa y el titular de Comunicación Social de la administración municipal 2018-2021.
Según la denuncia, el simple hecho de destinar a una persona, internet y equipo de cómputo para difundir esta información, “implica una irregularidad que debe ser investigada y sancionada”, puesto que el uso de los medios de comunicación del municipio implica la erogación de recursos públicos.
En este sentido, en caso de que las autoridades competentes resolvieran que hay una falta considerada grave, pudieran configurarse varios delitos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como cohecho, tráfico de influencias o simulación de acto jurídico.
“También hago del conocimiento a la contraloría municipal de la relación familiar entre Juan Carlos Beristain Navarrete, hermano de Laura Beristain Navarrete, por lo que el uso de recursos públicos para emitir este boletín podría tener otras implicaciones más serias y graves”, destaca la denuncia.
En vista de dicha queja ante la Contraloría municipal, el ciudadano solicita la aplicación de medidas cautelares para evitarla destrucción de pruebas y se evite la obstaculización del procedimiento de responsabilidad administrativa, principalmente, que el contenido subido a la red no se elimine.
Vínculos playenses
Los funcionarios designados presuntamente por Fonatur, según el boletín del 13 de marzo, son personajes muy cercanos a la alcaldesa Laura Beristain Navarrete. Se trata de su hermano, Juan Carlos Beristain Navarrete y Andrés Altesor Buriano, quien ha figurado como asesor del municipio playense.
El primero de ellos, Juan Carlos Beristain, fue candidato a diputado local por Morena-PVEM en 2019 y regidor del Ayuntamiento de Solidaridad entre 2010 y 2013, además de ocupar la sindicatura en la administración de Cristina Torres (2016-2018). En la actual administración, fungió, hasta febrero de 2019, como Presidente Honorario del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Solidaridad.
Dicho personaje ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, el más escandaloso fue la publicación de un video donde presuntamente solicitaba un alto porcentaje de su sueldo a colaboradores, lo que le significó el mote de #LordSueldos en redes sociales.
Por su parte, el uruguayo Andrés Altesor Buriano, fue director y asesor en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Solidaridad desde el inicio de la administración de Laura Beristain, en medio de la polémica de los múltiples cambios de funcionarios en su gabinete, y señalamientos por preferir funcionarios extranjeros en diversas áreas del municipio.
Según denuncias de los propios regidores, este personaje sigue siendo quien maneja lo relacionado con el desarrollo urbano, sin aparecer en la nómina, además de que se le acusa de incluso diseñar un hotel propiedad de Laura Beristain sin contar con los permisos correspondientes.
Ambos personajes han sido piezas clave en diferentes momentos del gobierno de la alcaldesa morenista y siempre cercanos a ella, lo cual también deja entrever el interés en que sean vinculados con el megaproyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según consta en la denuncia documentada.
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