La candidata a la gubernatura de Quintana Roo, por la alianza PAN-PRD y ex presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Fernández Piña, dejó en Puerto Morelos un municipio marcado por múltiples actos de corrupción, deudas y obras no realizadas, y el deleite de beneficiar a la empresa de su esposo con el alumbrado público.
A pesar de su estratégica ubicación entre la ciudad de Cancún y Playa del Carmen, Puerto Morelos gobernado durante dos trienios (un sexenio) por Laura Fernández Piña, quedó saqueado y en el abandono, como el municipio que más zonas marginadas muestra en la zona norte de Quintana Roo.
Laura, dejó a Puerto Morelos, en el rezago con calles sin pavimentar, un drenaje inservible, agua potable de pobre calidad, alumbrado público deteriorado, daños ambientales y notables fallas en la seguridad pública.
Pero muchas de estas carencias pasaron casi desapercibidas a lo largo de los últimos seis años, pues al igual que la mayoría de los malos gobernantes, en vez de invertir en obra pública y servicios que beneficien a su pueblo, desvío múltiples recursos para encumbrar su figura, primero para ganar fuero como diputada federal por el Partido Verde y ahora como candidata a la gubernatura por el PAN-PRD.
Con total descaro, Laura Fernández no pudo darle progreso a un pequeño municipio de no más de 20 mil habitantes en seis años de gobierno y ahora busca gobernar un estado de más de 2 millones de habitantes.
La coahuilense, Laura Fernández, quien vivía en Cancún y gobernaba Puerto Morelos, hizo un dispendio de recursos cuyas cuentas públicas presentan aun irregularidades que no ha podido solventar.
En total, de 2016 al 2020, el Ayuntamiento de Puerto Morelos, gastó 91 millones 4 mil 788.60 pesos. La cantidad erogada en 2021 es mantenida bajo resguardo por la Comuna, en otras palabras: Oculta, dado que este fue un año de elecciones en el que Fernández Piña buscó y obtuvo la diputación federal, gracias al dinero invertido.
Sin embargo, al parecer, el acceso a cantidades millonarias la fue llenando de soberbia y empezó a subir la apuesta a su imagen y al año siguiente, triplicó lo invertido en servicios de comunicación social y publicidad, gastando en 2017 un total de 11 millones 559 mil 120.90 pesos.
Para 2018 tenía contemplado un gasto de 12 millones de pesos, pero como si se tratara de algo de primera necesidad, amplió el desembolso a 13.6 millones de pesos más, elevando inmediatamente el gasto por publicidad en un 800%, al destinar 25 millones 274 mil 86 pesos. Volviéndolo a elevar al 900% en 2019, año en el que para éste concepto destinó 30 millones 575 mil 174 pesos.
Para 2020 ni la pandemia paró el dispendio, solo lo disminuyó a 20 millones 102 mil 704 pesos.
Además del gasto superfluo en una publicidad innecesaria, puesto que la mayor publicidad que puede tener un servidor público es la obra misma y no la promesa en sí; una cosa más que indignó a los portomorelenses fue que quienes fueron sus regidores, tanto en la primera como en la segunda administración, le sirvieron de comparsa al aprobar todo este despilfarro de recursos que bien se pudieron emplear en el mejoramiento hospitalario a través de la compra de equipo y medicinas, así como la contratación de más médicos.
Ni que decir de invertir ese dinero en la construcción de las oficinas de la presidencia municipal y así no endeudar al municipio con 720 millones de pesos por medio de un contrato amañado a favor de la empresa Mexiled, propiedad del jaliscience Carlos Alberto Moyano Menchaca, esposo de la alcaldesa Fernández Piña.
De esta manera Laura Fernández incurrió en nepotismo y corupciónes, beneficiando a su familia con contratos del erario público. Su esposo fue el principal intermediario en el caso de dos obras de alumbrado público en las que se invirtieron 20 millones 200 mil pesos.
Y es que los pagos también se despilfarraron a los medios de comunicación, prensa y radio a los cuales se desviaban más de medio millón de pesos mensuales en solo dos empresas.
Una de estas empresas beneficiadas fue a favor de “Rony Rafael Pech Maldonado” con 245 mil 920 pesos, que amparaba el acuerdo MPM-PM-CS-0002-2020, por el concepto de “servicios profesionales en difusión de contenido institucional en redes sociales , trabajo que bien pudo haberlo llevado a cabo el mismo departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento.
Los negocios con su esposo
Al empresario Carlos Alberto Moyano, ex portero de las Chivas y esposo de la ex alcaldesa de Puerto Morelos, no le cuadraban las cuentas.
Y es que el precio unitario por cada lámpara led que vendió a través de su empresa Mexiled S.A. de C.V., a varios gobiernos estatales y municipales, fluctúa entre 7 mil y 45 mil pesos lo cual ha desatado una serie de demandas penales y denuncias en su contra, excepto en Puerto Morelos donde Moyano ha ganado al menos unos 45 millones de pesos mientras calles y avenidas quedaron en completa penumbra.
Directivos de Servicios Públicos de este municipio explicaron que hasta donde saben Mexiled no ha logrado contratos directos, pero sí ha sido intermediaria para suministrar insumos y mano de obra.
Por ejemplo, dijeron que la alcaldesa fue muy enfática en ampliar la red de alumbrado público en Leona Vicario, con poco más de 26 millones de pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Sin embargo, ninguno de esos contratos lo hizo público, aunque hay demandas contra la alcaldesa Laura Fernández para que sea investigada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por ocultar información y dar indicaciones para que los contratos con la empresa de su esposo “no se entreguen ni una sola hoja”.
Conocido también como “el empresario de la oscuridad” por la opacidad con que realiza los acuerdos oficiales que casi siempre son por 100 millones de pesos, Moyano ha logrado crear una extensa red de complicidades en varias administraciones, principalmente de extracción priista y del verde, donde sus servicios han resultado con observaciones de sobreprecios y de no realizar o instalar la infraestructura pactada en los contratos.
Desde hace más de una década, el empresario ha venido de salto en salto por una lluvia de denuncias penales de varios Ayuntamientos de Jalisco y de Veracruz contra su empresa Mexiled, debido al incumplimiento del servicio y al descubrirse que nunca fueron instaladas las lámparas led ni la infraestructura prometida.
Tras descubrirse las irregularidades, el matrimonio Moyano-Fernández fueron a rogar por un amparo, ante la resolución de revocar el contrato de carácter público privado con la empresa OFN Quintana Roo, Sociedad Anónima de Capital Variable, para lo cual invocan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual, se acabó el negocio de recibir 2 millones de pesos mensuales por el hecho de revisar luminarias y, en su caso, cambiar las que no sirvan.
Hay una larga estela de deudas pendientes y cuentas públicas no aclaradas de la ex alcaldesa y ahora candidata a gobernadora, Laura Fernández, que se irán ventilando, junto con las denuncias de la organización Transparencia por Quintana Roo, quien exige castigo a la ex alcaldesa y ahora aspirante gobernadora.
A la misma Laura Fernández, se le ha cuestionado por el asesinato de su cercano colaborador Ignacio “Nacho” Sánchez, hace un año cuando era un claro aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos, quien fue ejecutado el 24 de febrero de 2021 y ahora el pasado 25 de febrero de 2022, el asesinato de su hermano Darío Sánchez, en otro ataque armado, además de señalarla de lucrar con la muerte de estos personajes en Puerto Morelos.
Hay muchas aristas sobre lo que la ahora aspirante a gobernadora debe rendir cuentas claras, como presidenta, como diputada federal y ahora como candidata a la gubernatura, buscando siempre cargos públicos e impunidad, brincando de un partido a otro para tener fuero, sabedora de las cuentas pendientes que arrastra y que la hacen vulnerable a la justicia.
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