“Por sus frutos los conoceréis”, es el bíblico consejo que perfectamente puede aplicarse a la candidata a gobernadora Laura Fernández Piña, quien pese a todas sus palabra, tiene tras suyo un pasado de represión y autoristarismo, con la destrucción de uno de los íconos de Puerto Morelos, el kiosco del casco antiguo.
Fue en 2020 cuando integrantes de la sociedad civil organizada de Puerto Morelos, incluidos académicos y ciudadanos originarios, pedían preservar la historia de esta comunidad, frente a un proyecto de remodelación del parque del casco antiguo. No estaban solos, pues contaban ya con el respaldo de 10 mil firmas ciudadanas.
Lo sensible para cualquier gobierno abierto a la ciudadanía, era abrir un diálogo, revisar el proyecto y llegar a un consenso. Laura Fernández mostró su arrogancia y autoritarismo al optar por reprimir a su pueblo.
Así, llegaron al lugar policías municipales a golpear y detener a gente que protestaba de manera pacífica en el parque del casco antiguo. La represión fue abierta, pues detrás de los uniformados llegaron las maquinarias a destruir este icónico espacio.
Ahora sabemos que además de la soberbia de la entonces presidenta municipal, también había razones de peso, pues a Laura Fernández le urgía que se avanzara con esta obra para poder devengar los 19 millones de pesos asignados a esta obra innecesaria que nadie pidió, en medio de un rezago histórico en pavimentación de calles y miles de otras prioridades.
REPRESORA Y VIOLENTA
Después que golpearan y encarcelaran a ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la manifestación pacífica y cuyo único “pecado” era preocuparse por su municipio, en el que Laura Fernández ni siquiera habitaba, su gobierno trató de justificar la represión afirmando absurdamente que ellos “protegían” a estas personas, para no ser dañados por las maquinarias que trajeron y que en minutos destruyeron décadas de historia.
La ciudadanía no lo creyó y tampoco la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que después de efectuar una investigación determinó que hubo una violación a las derechos fundamentales de estas personas y por eso obligó a estas autoridades a disculparse públicamente por lo ocurrido. Aquí no hay excusa que valga, oficialmente lo ocurrido fue un atropello y una atrocidad.
En una nueva afrenta y en una nueva muestra de la indiferencia de Laura Fernández hacia la ciudadanía que ella dice representar, ella no estuvo presente en ninguno de estos actos públicos, en los que solo se leyeron los números de los expedientes y la obligación legal, sin que se diera una verdadera disculpa ni una explicación en torno a lo ocurrido.
Dos días antes del fin de este malogrado gobierno, en lugar de Laura Fernández enviaron a esta disculpa pública a la encargada de la gaceta municipal; es decir, ni a un integrante de cabildo o siquiera a un director, sino a un funcionario de baja jerarquía, para cumplir con esta “formalidad”. Tal fue uno de los últimos actos públicos de esta administración, de espaldas a la ciudadanía.
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