La candidata de la alianza ‘Va por Quintana Roo’ (PAN-PRD-Partido Confianza) a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, es sinónimo de represión e intolerancia, y el ejemplo más claro es su cuenta de Twitter, en donde mantiene bloqueados a un gran número de quintanarroenses, solo por cuestionarla.
Dicha situación habría empezado desde su gestión como presidenta municipal en Puerto Morelos, pues desde ese entonces, Fernández Piña habría prohibido que diversos usuarios pudiesen acceder a la información que publicaba en su cuenta.
Perfiles manejados por comunicadores, activistas, organizaciones y de la misma ciudadanía, serían los afectados por esta acción de la contendiente del PAN-PRD.
Este represión es añeja, ya que en su momento estos grupos fueron relegados y bloqueados por exigir claridad en las acciones de Laura Fernández al frente de Puerto Morelos.
LA REPRESIÓN EN PUERTO MORELOS
Basta recordad como los los ciudadanos buscaron diálogo con la entonces alcaldesa, en temas como el Plan de Desarrollo Urbano, donde saben fue creado por el gobierno, para beneficiar a consorcios hoteleros, a quienes les aumentó su densidad a 200 cuartos por hectárea, todo ello sin el debido proceso de participación ciudadana como lo marca la ley.
O cómo olvidar las críticas que Fernández Piña registró en redes por renovar la histórica plaza del primer cuadro de Puerto Morelos, obra que nadie solicitó y que cuyos detalles no fueron socializados y en donde nunca se consultó a los afectados.
La oposición ciudadana fue considerable, con protestas e incluso un plantón en el parque para protegerlo de la maquinaria, donde la hoy candidata usó la fuerza pública para desalojar y golpear a los ciudadanos.
EL ÚLTIMO ESCÁNDALO
Y las críticas van en aumento, por que el último escándalo de Fernández Piña le dio la vuelta al país, luego e darse a conocer que durante su gestión como alcaldesa, otorgó contratos a su esposo, con precios inflados hasta 10 veces por encima de su valor real y amañados para que pudieran cobrar sumas millonarias, durante 20 años.
Situación por la que se presentaron denuncias penales contra la candidata, quien ya solicitó amparo y protección de la justicia federal.
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