Lo que no sabías de la deuda de Quintana Roo

Es la entidad que paga los abonos más caros; el gobierno estatal presentará al Congreso local una propuesta para licitar la reestructuración de la DEUDA PÚBLICA

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Quintana Roo, Juan Vergara Fernández, confirmó que el gobierno estatal presentará al Congreso local una propuesta para licitar la reestructuración y renegociación de la deuda pública, pues aseguró que actualmente Quintana Roo es uno de los estados que “más caro paga a los bancos”.

Adelantó que una institución bancaria ofrece condiciones de plazo y tasa que le permitirían al gobierno del estado la “optimización” de 361 millones de pesos anuales, respecto de los 1,926 millones de pesos que le cuestan a la entidad los servicios de la deuda.

“Quintana Roo es el estado que más caro paga a los bancos; son 19,600 millones de pesos que se tienen contratados con las instituciones financieras y se paga un 10% de interés; el servicio de la deuda que se encuentra en el Presupuesto de Egresos del 2016 es de 1,926 millones de pesos y es muy alto”, agregó.

En términos generales, dijo, el refinanciamiento y reestructura de la deuda permitirán ahorros de 30%, además de que la próxima semana el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, presentará un plan de austeridad que permitirá ahorros de hasta 600 millones de pesos.

Cabe señalar que el mandatario estatal ya había anunciado hace dos semanas que se acercó a instituciones financieras, tanto públicas como privadas, para refinanciar la deuda de Quintana Roo, la cual asciende a poco más de 19,000 millones de pesos con el objetivo de tener margen de maniobra financiera.

Adelantó que seguramente la adjudicación del nuevo refinanciamiento será a través de una subasta pública que transparente el proceso de cara a los quintanarroenses.

BUSCAN ARMONIZAR 

Apenas el viernes pasado, Vergara Fernández presentó ante la Comisión de Hacienda del Congreso del estado la iniciativa del gobernador Joaquín González correspondiente a las siguientes leyes: Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Coordinación Fiscal, Ley del Órgano de Fiscalización Superior, Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo en materia administrativa.

El secretario de Sefiplan en Quintana Roo explicó que lo que se está proponiendo es una reestructuración jurídica al marco normativo que permita al titular del Poder Ejecutivo presentar su Plan de Austeridad, para la optimización correcta y puntual del gasto que ya se tiene identificado dentro de los presupuestos, donde el ahorro ascendería a 600 millones de pesos.

Respecto de la Ley de Deuda Pública detalló que ésta establece “una serie de alertas financieras” que le permitirán al estado y a los municipios conocer su estatus financiero y de esa manera acceder a algún tipo de endeudamiento.

“Con la presentación de este paquete de iniciativas se abre la posibilidad de licitar el manejo de la deuda pública estatal a aquella institución financiera que tenga la capacidad y ofrezca las mejores condiciones financieras”

Hay “candados” que determinan el tipo de endeudamiento que puede tener el estado o los municipios, pero no así un tope en cuanto a la cantidad a la que pueden tener acceso, puntualizó.

Bajo esta iniciativa, comentó que la reestructuración de la deuda pública de Quintana Roo, más que financiera, será también observada desde el punto de vista jurídico. La aprobación de dicha iniciativa, afirmó, es el paso previo a la contratación del nuevo refinanciamiento de los seis créditos que tiene contratados el estado con la banca privada.

“Con la presentación de este paquete de iniciativas se abre la posibilidad de licitar el manejo de la deuda pública estatal a aquella institución financiera que tenga la capacidad y ofrezca las mejores condiciones financieras”, aseguró.

Sobre la Ley de Responsabilidad de Servicios Públicos, dijo que es parte de la adecuación a nivel estatal de la Ley de Transparencia y Rendición de cuentas que deberán acatar los funcionarios, la cual incluye sanciones en caso de omisión o desvíos de recursos.

LAS PRIORIDADES

Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, informó que se dará prioridad a estas reformas, pues el plazo límite para llevar a cabo la armonización con la ley federal es el 25 de octubre.

Adelantó que el Pleno legislativo sesionará el día de hoy para darle entrada a las iniciativas y turnarlas a la Comisión de Hacienda para su estudio y análisis. Con ello, agregó, estarán en condiciones de someter a consideración del Pleno el dictamen correspondiente para el día de mañana.

Fuente: Eleconomista.com.mx

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