CIUDAD DE MÉXICO.- El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo del juez sexto de Distrito en Quintana Roo, sentencia condenatoria en contra de Julio César “P”, por ser penalmente responsable de la comisión del delito contra la administración de justicia, previsto y sancionado en el Artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal. El funcionario realizó el peritaje que sirvió para el injusto encarcelamiento del periodista Pedro Canché en 2014.
Canché fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado el 20 de agosto de 2014. El 30 de agosto del mismo año, Pedro fue detenido e ingresado a la cárcel de la localidad, donde fue golpeado brutalmente por internos desde la primera noche aun cuando las autoridades en prisión debieron salvaguardar su integridad. Pese a las lesiones graves, nunca fue atendido debidamente en el Hospital General del municipio.
Nueve meses después, Pedro Canché recuperó la libertad el día 28 de mayo de 2015 tras un arduo esfuerzo de su defensa implementada por Article 19. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo concluyó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidad por el delito de sabotaje ya que el periodista se encontraba en el lugar de los hechos únicamente para grabar las manifestaciones.
Esta resolución permitió confirmar que la detención de Pedro Canché respondió a un afán de inhibir su libre ejercicio periodístico, además de que en todo momento la acusación en su contra estaba sustentada en elementos sumamente contradictorios e inconsistentes.
Tales inconsistencias vulneraron los derechos de Canché a la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y lo convirtieron en víctima de un montaje jurídico en su contra. Derivado de lo anterior, Pedro inició un proceso contra quien resultara responsable de la violación de sus derechos humanos y de los posibles delitos cometidos en su perjuicio ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
En este sentido, el juez sexto de Distrito consideró penalmente responsable por delitos contra la administración de justicia a Julio César “P” pues emitió un dictamen pericial en criminalística de campo un día antes de que se iniciara investigación por el delito de sabotaje en contra de Pedro Canché, dictamen pericial al que la Ministerio Público y el Juez le dieron pleno valor probatorio, a pesar de que el mismo no tuvo fundamento que sustentara sus existencia.
De este modo, el Juez Federal con residencia en Chetumal sentenció a 3 años y 10 meses de prisión y multa por la cantidad de $42,343.28 a Julio César Pérez Vela, decretando además su destitución e inhabilitación para realizar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo lapso, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. De la misma forma, el ex funcionario deberá reparar el daño cometido a Pedro Canché por los actos que cometió en su perjuicio.
El proceso contra Julio César P.V. es un avance en la búsqueda de justicia de Canché.
Otros involucrados
El pasado mes de mayo de 2018 fueron detenidas la agente del Ministerio Público encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por Canché en agosto de 2014, así como el juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y seguir proceso contra el periodista maya.
En su momento, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló en la opinión 18/2015 que “[e]l arresto, la detención y el proceso judicial contra el Sr. Canché Herrera son el producto de represalias contra sus actividades.” Calificó la detención de Pedro Canché como arbitraria y solicitó al Gobierno Mexicano “Disponer la inmediata libertad del Sr. Canché Herrera y proveerle con una adecuada reparación, incluyendo, entre otros aspectos, el otorgamiento de una adecuada compensación y la provisión del tratamiento médico necesario”
De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 13/2015, señaló que Pedro Canché sufrió violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica, mediante la detención arbitraria durante más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del gobierno de Roberto Borge.
La sentencia contra el perito fue dada a conocer el pasado jueves 28 de marzo, fecha en la cual integrantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informaron a Artice 19 – que acompaña legalmente al periodista- el sentido de la decisión.
Article 19 celebra las gestiones hechas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al tiempo que exige que continúe investigando a las demás personas que resulten responsables por los delitos cometidos contra Pedro Canché, antes, durante y después de su injusto encarcelamiento.
De la misma forma Aaticle 19 ve con especial preocupación como el proceso que se ha llevado en contra de las y los funcionarios implicados en el injusto encarcelamiento de Canché en 2014, confirman el uso de los aparatos de procuración y administración de justicia como forma de castigo a las y los periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión.
El Poder Judicial Federal debe continuar con las sanciones a los diversos funcionarios detenidos en mayo de 2018, es decir, la Ministerio Público Tila Patricia G.L. y Javier Ruíz Ortega, quien fuera secretario en funciones de Juez al momento de dictar a orden de aprehensión y formal prisión en contra de Pedro Canché.
Por último, Article 19 hace un especial llamado al Poder Judicial Federal, en particular a las y los jueces y magistrados Federales con residencia en Quintana Roo a que garanticen el derecho a la justicia completa e imparcial a Pedro Canché, pues actos como el que anteriormente cometió el juez sexto de Distrito al cambiar su valoración de las pruebas y dejar en libertad a Javier R. O. demuestran que la justicia continuará incompleta para el periodista hasta que se reviertan dichos actos que presumen parcialidad.
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