El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los trabajos para la realización de la consulta sobre la Revocación de Mandato continúan y aseguró que la presentación de denuncias penales contra consejeros del INE es grave.
En un video publicado en su cuenta de Twitter, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los trabajos siguen para cumplir con la realización de la consulta ciudadana sobre Revocación de Mandato con las características que marca la ley.
“Los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios para organizar la Revocación de Mandato con las características y modalidades que nos exige la ley en la materia”, apuntó.
Señaló que en acatamiento a un acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un esfuerzo para incrementar los mil 500 millones de pesos que hasta ahora han logrado reunir para la consulta.
“No hay que olvidar que el costo total de la Revocación de Mandato, si cumpliéramos con lo que la ley exige sería de 3 mil 800 millones de pesos. Esto se hará, como lo dictan las sentencias, sin afectar ni comprometer nuestra facultades ni los derechos laborales de quienes trabajan en el Instituto”, apuntó.
Señaló que en caso de que, tras estos esfuerzos, siga la falta de recursos, estos se le solicitarán recursos adicionales a la Secretaría de Hacienda.
“Es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano pero al imposible nadie está obligado”, detalló.
Lorenzo Córdova recordó que el INE siempre ha manifestado su disposición a que la Revocación de Mandato se lleve a cabo con todas las garantías que implica.
Por ello, aseguró que ha tomado decisiones “polémicas y controvertidas, que se han considerado necesarias” y que eso no debe ser motivo de persecución penal o política.
“Por eso es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la Nación haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que retrata las peores prácticas de los regímenes autoritarios”, acusó.
Aseveró que perseguir a funcionarios por acudir a otras instancias para tratar de cumplir con su trabajo implica criminalizar el derecho a disentir.
Además, dijo que es grave que se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios.
Reveló que nunca en la historia del Instituto se habían establecido denuncias contra consejeros por tomar una determinación que incomoda, políticamente, al poder.
Y que pese a que fueron retiradas, estas se persiguen de oficio por lo que siguen su curso ante la Fiscalía General de la República.
Confió en que pronto se “enmiende el error” y se desestimen estas denuncias sobre presuntos delitos inexistentes y que solo tienen fines políticos.
Dijo que interponer las denuncias fue grave y que se transgredió una frontera que había sido infranqueable y a través de las cuales se pretendió usar el brazo penal del estado solo por pensar distintos.
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