Roger Chuc Montero inició una huelga de hambre frente al Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir que le den su jubilación, luego de ser despedido tras 25 años como profesor de secundaria técnica.
Dijo que su calvario para hacer valer sus derechos laborales inició hace seis años, cuando comenzaron a presentase los problemas con su visión, lo que complicó sus labores tanto en las aulas como en la vida diaria.
“En el 2015 empecé a tener problemas de la visión y acudí a mi clínica del Issste para que me checaran y, quien me atendió, determinó que tenía que irme a Mérida para ser atendido, porque aquí carecen de recursos y tecnología. Me mandó en calidad de urgente, porque había tenido pérdida de visión súbita”, comentó, para luego agregar que recibió un tratamiento para detener la hemorragia, producto de una trombosis.
Sin embargo, el tratamiento que duró un año fue en vano, porque no hubo progreso alguno e incluso su condición se agravó, a tal grado que perdió la visión en su ojo derecho y se disminuyó 30% en el izquierdo.
“Seguí trabajando, pero comencé a tener accidentes, como caídas, golpes, choques de vehículo, debido a la condición crítica. A esto se suma descuentos del director, pese a mis discapacidades, llamadas de atención, exhortos, para manchar mi expediente y sabiendo que tengo un problema de la vista”.
Ante esta situación de incapacidad crónica que afectó tanto su vida personal como laboral, hace dos años Chuc Montero inició los trámites ante el Issste para pensionarse –en ese entonces tenía 23 años de servicio, ahora suma 25–, sin embargo quedaron estancados ante la burocracia, lo que lo orilló a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
Con 58 años de edad, con hipertensión y un par de preinfartos y la visión disminuida, el profesor continuó dando clases de manera intermitente, pues de manera constante pedía licencias por las complicaciones en su salud, hasta que le llegó una advertencia de que perdería su trabajo ante las ausencias, lo cual sucedió.
“Estoy en un estado de indefensión. No tengo recursos, no tengo ingresos y tengo dos hijas que dependen de mí. Estoy esperando que alguna autoridad atienda mi caso, tengo 25 años de servicio, 58 años de edad y, por ley, me corresponde pensión”.
Tras concluir, el profesor tomó asiento al lado de una manta con una serie de documentos que acreditan su caso ante distintas instancias. Todo en espera de que le respeten sus derechos laborales.
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