El Congreso del Estado se encuentra a nada de terminar el período de sesiones y de acuerdo al personal de mismo Poder Legislativo se nota la ausencia de Gustavo Miranda en Chetumal, pese a que aún se realizan los trabajos de “justificación” de los recursos, los cuales se han expuesto a la ciudadanía como supuestos apoyos; cabe resaltar que ya fueron brindados pero no han sido entregados a nadie ante justificación de la pandemia.
Desde el área administrativa corren rumores de que se está trabajando con el tiempo encima, al igual que en el tema de comunicación de los “medios amigos”, quienes recibieron un deficiente sustento para difundir las acciones del Poder Legislativo y en especial del “Junior verde”.
Las acciones van desde la reimpresión de contratos, los cuales han sido modificados para que cuadren en los recursos y apoyos que deberían haber sido entregados a unas semanas de que Miranda deje la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Miranda y sus amigos “verdes” ya no se les ve en las instalaciones del Poder Legislativo sólo sus asistentes, asesores y “amigos” realizan labores de justificación de un ejercicio de 690 millones 506 mil 829 pesos.
Ante las dudas de quien puede ser el nuevo presidente o presidenta de la Jugocopo, miembros del Partido Acción Nacional (PAN) comienzan a desesperarse, ya que es un cargo bastante redituable, el Partido Verde se encuentra buscando por todos los medios como aparecer los documentos y de esta manera que las cifras coincidan de los recursos que se llevaron y que no han sido justificados.
Diputados de la oposición han opinado que los miembros del mismo Poder Legislativo se encuentran contando las horas de que los “juniors” se vayan; hay que recordar que tienen más de 30 demandas laborales por los despidos injustificados que hicieron al momento de encabezar la Jugocopo y que se derivó en varios escándalos al no querer pagar las liquidaciones con forme dicte la ley.
Con un rezago legislativo, sin avances en los trabajos de las iniciativas de fondo, los diputados de la XVI legislatura ahora solo visualizan el 2022 para su futuro político ante las elecciones para la gubernatura.
De acuerdo a las evaluaciones de diferentes organismos civiles, los miembros del Congreso perciben un salario de más de 77 mil pesos mensuales, por lo que califican de reprobatoria e inclusive insultante el panorama tan desalentador por el cual está atravesando Quintana Roo.
Gustavo Miranda envuelto en escándalos y corrupción durante su gestión
El líder del partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, Pablo Bustamante Beltrán y el presidente del congreso , también del mismo partido , Gustavo Miranda García, encabezan una mafia especializada en despojos inmobiliarios a través de juicios laborales amañados , según una investigación en Latinus, proyecto informativo de Carlos Loret de Mola.
Así, el propio Carlos Loret de Mola califica a estos personajes como el cartel del despojo, acciones de líderes del PVEM en la entidad , partido aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
El líder del partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, Pablo Bustamante Beltrán y el presidente del congreso , también del mismo partido , Gustavo Miranda García, encabezan una mafia especializada en despojos inmobiliarios a través de juicios laborales amañados , según una investigación en Latinus, proyecto informativo de Carlos Loret de Mola.
Así, el propio Carlos Loret de Mola califica a estos personajes como el cartel del despojo, acciones de líderes del PVEM en la entidad , partido aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
El departamento tenía un valor de 13 millones de pesos, cantidad superior a lo que Erika les adeudaba a los empleados con sueldos de 90 mil pesos mensuales, que la autoridad nunca les pidió comprobar.
El banco español Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito de departamento de Maioris Tower y acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para registrar el aviso de que el inmueble estaba gravado.
La sorpresa para el bando fue que el departamento ya no le pertenecía a Erika sino a sus supuestos trabajadores, entre ellos Bustamente Beltrán.
Latinus cita en su investigación la complicidad entre:
- Junta Laboral
- Registro Público de la Propiedad y del Comercio
- La empleadora
- Los supuestos empleados
Los ex trabajadores vendieron de inmediato el departamento después de ganar el juicio laboral, pero la operación se pausó debido a que Sabadell metió un amparo el cual se está litigando actualmente.
Bustamante Beltrán pasó la Navidad con Erika García y su hijo, el diputado Gustavo Miranda, después de haberla demandado y acusarla de malos tratos.
Pero el ahora líder del PVEM en Quintana Roo no sólo pasó la Navidad con quien demandó y su hijo, indica Latinus, sino también compartió con ellos eventos públicos, fiestas y actos de campaña.
“La relación es más que cercana, extrañamente, después de una demanda laboral que les quitó a los García Miranda más de 10 millones de pesos”, señala Latinus.
Gustavo Miranda García es hijo de Erika García y forma parte del PVEM. Con 26 años es diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso.
Él y Bustamante Beltrán, que heredó la dirigencia del Verde por la destitución de José de la Peña por estar vinculado a la mafia rumana, alardean ser el futuro político de Quintana Roo.
La estrategia de este cártel del despojo no se queda en este caso. Latinus hizo la revisión en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, encontró al menos otros dos juicios laborales idénticos en los que otros presuntos trabajadores también demandaron a Erika García Deister y se hicieron de propiedades que ella obtuvo con créditos.
Entre esos supuestos empleados, se encuentra Jorge Segura Rodríguez, otro amigo de Gustavo Miranda; igual que otros empleados, argumentó en su demanda ganar 90 mil pesos.
“La impunidad es tal, que la Junta de Conciliación y Arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo, es decir del gobernador, resolvió esos otros dos juicios en cuestión de dos meses, y el Registro Público, otro organismo del Gobierno del Estado, inscribió las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con minutos de diferencia”, expresa Latinus.
A la ecuación de estas complicidades de suma el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la notaría 84 en Playa del Carmen, quine ha avalado esta serie de movimientos.
“Antes de recibir el regalazo que implica una notaria, fue nada más y nada menos el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la época de (Roberto) Borge, cuando lo acusaron de participar en varios despojos en el área de Tulum”, cita Latinus.
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