CUERNAVACA, MORELOS.- Desconocido hasta ahora, el asesinato de Filiberto Álvarez es el quinto de un periodista en México en apenas dos meses. Álvarez conducía un programa de radio en un pueblo del sur del Estado de Morelos, a dos horas de la Ciudad de México. El sábado, un grupo de pistoleros le tirotearon, acabando con su vida. La prensa nacional no tuvo noticias del evento hasta hace unas horas, a excepción de algunos medios locales.
La muerte de Fili es la quinta en dos meses, tras las de Miroslava Breach en Chihuahua, en el norte, en marzo, el mismo mes en que mataron a Cecilio Pineda, en Guerrero y Ricardo Monlui en Veracruz. El 14 de abril, sicarios acribillaron a Max Rodríguez en Baja California. Otro reportero, Armando Arrieta, está en el hospital por las heridas de bala que sufrió en un ataque en marzo, también en Veracruz.
Filiberto conducía un programa de música y poesía en una radio local. El diario El Sol de Cuernavaca ha informado de que iba con escolta, aunque de momento se ignora por qué o desde cuándo.
En un comunicado divulgado esta tarde, la fiscalía de Morelos ha asegurado que “las primeras indagatorias permiten establecer que la agresión no está relacionada con su actividad profesional”.
Filiberto murió en la puerta de un balneario muy conocido en la zona, El Rollo. Al parecer, su pareja era la administradora.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, ha condenado el ataque y ha denunciado además la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones de asesinatos de periodistas.
Según la organización inglesa Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, el año pasado 11 informadores fueron asesinados en México. El informe Libertades en resistencia, publicado hace un par de semanas, registró una a una estas agresiones y llegó a la conclusión que, de las 426 palizas, anónimos, advertencias o asesinatos, más de la mitad, 257, fueron cometidas por funcionarios públicos o partidos políticos y 17 por el crimen organizado. De ellas el 40% fueron cometidas por autoridades estatales, el 35% municipales y el 25% federales, señala el documento. (Fuente: El País).
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