Mujeres políticas de Quintana Roo están en riesgo por la falta de capacitación de los magistrados

En Quintana Roo las mujeres políticas se encuentran en riesgos por la falta de preparación de los magistrados electorales para juzgar con perspectiva de género.

Abogados y organizaciones civiles, exigen una mayor capacitación para los integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), debido a la falta de preparación en los temas de perspectivas de género.

Durante el actual proceso electoral, diversas sentencias emitidas por el Teqroo han sido revocadas por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En todos se determinó que no hubo exhaustividad al momento de la revisión de los casos, y en otros se apuntó que no se analizaron con perspectiva de género.

Yunitizilim Rodríguez Peraza, abogada y catedrática de la Universidad de Quintana Roo, señaló que es inconcebible que sea la Sala Regional con sede en Xalapa quien tenga que decir a los magistrados cómo hacer el trabajo.

Lo anterior tomando en cuenta que el sentido de las últimas decisiones de los magistrados federales, donde destacan los casos de Yensunni Martínez Hernández y Judith Rodríguez Villanueva, que fueron víctimas de violencia política.

“En todos estos juicios, los magistrados locales Víctor Vivas Vivas, Sergio Avilés Demenegui y Claudia Carrillo Gasca, consideraron que no existían agravios en contra de la víctima por razón de género. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que sí los hubieron; e incluso en la última sentencia emitida al resolver el juicio 1029/2021 consideró que él Teqroo nuevamente no revisó de manera exhaustiva el tema con perspectiva de género”, citó.

José Canto Gutiérrez, integrante de la Barra de Abogados de Quintana Roo, quien añadió que los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres, se encuentran “en peligro”, ya que se ha demostrado que las máximas autoridades en materia electoral en la entidad no están considerando la reforma constitucional de 2011, que precisamente prioriza la defensa de los derechos humanos y de la mujer a la hora de emitir sentencias.