El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que en la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, cuyo objetivo es celebrar a la Cuarta Transformación, no se utilizará dinero del presupuesto público.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador explicó que dicha movilización será un “hecho histórico” en la vida pública del país, razón por la cual invitó a todos los ciudadanos a que salgan a las calles en favor de su movimiento.
“Invito a todo el pueblo, todos los que puedan asistir, porque sí es un hecho histórico. No hay gasto, cada quien se paga sus gastos“, dijo
Ni un centavo del presupuesto público, la gente coopera y compra sus boletos, y seguramente van a rentar autobuses, pero del presupuesto ni un centavo“, reiteró.
El mandatario mexicano detalló que la movilización del próximo domingo será una celebración a la Cuarta Transformación que no podrán detener sus adversarios.
“Entonces vamos a organizarnos bien, porque es una fiesta. Claro que hay como en toda fiesta aguafiestas, pero, pues, no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México, porque no se había visto. Ya llevamos como mil encuentros como este”, refirió.
López Obrador encabezará la marcha del próximo 27 de noviembre desde el emblemático Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo de la Ciudad de México, donde rendirá su informe de Gobierno, el cual inicialmente estaba programado para realizarse el jueves 1 de diciembre.
La movilización se da apenas unos días después de la protesta que convocó a miles de personas, en su mayoría opositores, que salieron a las calles de Ciudad de México y otras entidades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador.
La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutirá próximamente en el Congreso, causa polémica porque sometería a voto popular a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También eliminaría a 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.
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