El Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, esta mañana negó que haya habido un aumento de robos, tal como lo denunciaron los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Oscar Montes de Oca aseguró que invitó a los empresarios a denunciar los delitos de los cuales sean víctimas, ya que las denuncias recibidas son mínimas y no reflejan la supuesta incidencia que denuncian los socios de Coparmex Quintana Roo.
Por su parte Angélica Frías, presidenta de Coparmex Quintana Roo dio a conocer que a nivel nacional el 50.2% de los socios han sido víctimas de algún delito, cifra correspondiente al último cuatrimestre del 2022.
En Quintana Roo, esta cifra asciende al 62.1% y los principales delitos denunciados son el robo de mercancía en tránsito con un 23% de incidencia, el robo total o parcial de vehículos propiedad de las empresas con un 16% de incidencia, y el delito de extorsión o cobro de piso con un 14% de incidencia, siendo preocupante que el 72% de las extorsiones hayan sido realizadas vía telefónica.
“Me reuní con los de Coparmex y los invité a denunciar. Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) ha bajado un 80% de acuerdo al programa que hemos desarrollado en la Fiscalía y con las autoridades encargadas de la seguridad en el estado. Estamos invitando a todas las cámaras y organizaciones a unirse a esto”, indicó Montes de Oca.
Los socios de Coparmex han adoptado diversas medidas de prevención, con un 46% de ellos asegurando que han aumentado sus gastos en seguridad. El 32% de este gasto se ha destinado a la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia, mientras que el 19% y el 15% han optado por contratar seguros o servicios de vigilancia o seguridad privada, respectivamente.
Montes de Oca también destacó que próximamente se publicará la ley general contra la extorsión, la cual será una herramienta que brindará ventajas para integrar de manera adecuada y rápida la carpeta de investigación, y que permitirá a las víctimas tener certidumbre jurídica en sus procedimientos penales.
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