En conferencia matutina, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y del exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, para explicar los argumentos por los que no acatará la orden de la jueza, que le dio un plazo de 24 horas para eliminar el decreto publicado el 15 de septiembre pasado.
La presidenta dejó en claro que la resolución de la juez Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, no fue notificada y se enteraron por notas de prensa.
“No tiene atribución para solicitar que se quite, una juez no está por encima del pueblo de México”, dijo.
Por su parte, Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, luego de que la juez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eliminar la reforma judicial del DOF.
“Hay una serie de argumentos jurídicos por lo cuáles es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces”, establece.
NO TIENE ATRIBUCIÓN
“La explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Zaldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación; primero, porque no tiene atribución porque una juez no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, y tercer, porque es el Poder Legislativo quien ordena al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación en el Diario Oficial de la Federación, entonces no vamos a bajar la publicación”, dijo Sheinbaum en la conferencia.
“Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio de 2024”, añadió.
“Ahí dice que, si no se hace eso, se dará vista al ministerio público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, es dentro de un juicio de amparo, son nueve a no sé cuántos años de cárcel, de tres a nueve años de prisión”, recordó con una sonrisa.
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