CHETUMAL, Q. ROO.- “Roberto Borge, ex gobernador del estado debe ser trasladado a Quintana Roo para que rinda cuentas, lo cual ha quedado pendiente por la determinación de jueces federales”, señaló Emiliano Ramos, diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la XV legislatura, quien agregó que el nuevo fiscal deberá seguir con el proceso de sustentar las acusaciones que se tienen en contra del ex mandatario.
El legislador comentó que se ha estado realizando un trabajo puntual en el tema de interponer denuncias ante el fuero federal y por parte del estado para que se hagan las imputaciones correspondientes en contra de poco más de 84 ex servidores públicos de la administración de Borge; sin embargo, ante la situación, que sigue combatiendo de la defensa del ex mandatario, se esperaba que pudiera ser presentado en este 2018 ante más autoridades ministeriales estatales por las ordenes de aprehensión en su contra (tres), lo cual ha sido interferido por jueces federales.
Situación que consideró, debe ser un llamado respetuoso por parte de las instancias locales para los jueces federales para que verifiquen el sustento que se ha emitido por parte de las instancias como: Contraloria y Fiscalía Anticorrupción de las afectaciones que se dejaron al estado por más de 13 mil millones de pesos en contra del patrimonio estatal.
Emiliano Ramos dijo también que es un reto para el nuevo fiscal Óscar Montes de Oca seguir el sustento necesario de las pruebas para que se logre traer al estado a Borge.
“Difícilmente se podrá traer a Borge antes de que termine el año pero se tiene la oportunidad de que en el primer semestre del 2019 se logre este objetivo para que rinda cuentas ante el pueblo quintanarroense”, explicó.
Afirmó que a pesar de que no es un ámbito cercano del Poder Legislativo, fue este mismo que inició con el proceso conjunto de la Auditoría Superior del Estatal, donde se dio cuenta de los recuso desaparecidos.
Finalmente confió en que la justicia se aplicará en el caso del ex mandatario para que se logre un proceso a pegado a la ley y que pueda ser traído a Chetumal a rendir cuentas ante los agentes ministeriales en el próximo año.
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