CHETUMAL, Q. ROO.- “En este caso particular, el Congreso no está pidiendo la revisión de toda una cuenta pública, que no nos confundamos, no está pidiendo una revisión de las cuentas públicas de 2014, 2015 y mucho menos de la cuenta de 2016 por que esa la vamos a revisar, estamos en esa fase, el Órgano Auditor está empezando a revisarla.
Lo que mandató el Congreso es una auditoria concreta sobre un rubro en específico que es en relación a los ingresos derivados del cobro del impuesto predial de los años 2014 y 2015, por lo que no hay una apertura de las cuentas públicas de esos años”, advirtió el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila.
Entrevistado en relación a la Controversia Constitucional que presentara el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la síndico municipal, Mirna Karina Martínez, por lo que ellos consideran una nueva revisión de la cuenta pública de los años 2014 al 2016, el titular del Poder Legislativo del estado aclaró que, a pesar de que saben que el Ayuntamiento habría presentado el recurso de inconstitucionalidad, el Congreso no ha sido notificado de ninguna acción al respecto, “por lo que no sabemos cuál es el fondo de la pretensión del Ayuntamiento de Benito Juárez”, informó.
La Ley del auditor es muy clara y lo señala: si hay evidencias y denuncias sobre algo en específico de alguna cuenta que ya haya sido revisada, se puede revisar nuevamente ese apartado y eso es lo que mandató el Congreso”
Eduardo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión
“Estamos actuando de acuerdo a la ley, no se está violentando la autonomía, de hecho la anterior Legislatura aprobó en su momento algo parecido, no igual, contra la administración de Julián Ricalde que era revisar una cuenta pública que ya estaba revisada”, aclaró el diputado panista, al tiempo de negar que se trate de un revanchismo político por lo que en su momento se instrumentó en contra del ex alcalde Julián Ricalde, pues explicó que se trata de una revisión específica derivada de una denuncia.
Amparados por la ley
Enfatizó que no hay aperturas, como se quiere establecer, de toda la cuenta pública del 2014 y 2015, y enfatizó que, “la Ley del auditor es muy clara y lo señala: si hay evidencias y denuncias sobre algo en específico de alguna cuenta que ya haya sido revisada, se puede revisar nuevamente ese apartado y eso es lo que mandató el Congreso”.
Advirtió que el procedimiento no se ha detenido, debido a que el Congreso no ha sido notificado de ninguna acción o decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Vamos a esperar a que nos diga la suprema corte qué es lo que viene en esa suspensión, pero el procedimiento legislativo no se puede suspender, es un procedimiento de un ente soberano que no se puede suspender, lo más que se puede hacer en todo caso, es no dictar sentencia, no dictaminar, pero la revisión se puede llevar a cabo y yo creo que en este momento en que estamos, mucho abona revisar en donde existan dudas, debido a lo que significó los anteriores gobiernos municipales como estatal”, consideró.
Dijo que en el entendido de que la revisión deriva de una denuncia penal, la Legislatura no puede ser omisa, debe asumir su responsabilidad constitucional, “y si está en nuestra facultad mandar a revisar este rubro, como ya lo estamos haciendo, debemos continuar”.
Políticamente, el diputado dijo que ya ha platicado con el alcalde de Benito Juárez Remberto Estrada en un encuentro durante el desarrollo de un evento, por lo que le manifestó el respeto absoluto de la Legislatura a las decisiones que asuma la soberanía de Benito Juárez, siempre que estas se hagan en el marco de la ley.
Consideró que no debería haber reticencia en cuanto al tema de la revisión, pues no es un asunto que ataña a su administración, pues se trata de la anterior, la que encabezó Paul Carrillo y que, aun así, no se trata del ex presidente municipal pues la denuncia penal se hizo en contra del ex funcionario municipal, Hugo Bonilla Iglesias.
