CHETUMAL, Q. ROO.- Cinco sentencias condenatorias, incremento del 300 por ciento en las carpetas de investigación y el aseguramiento de casi cuatro millones de metros cuadrados en predios recuperados a favor del patrimonio estatal, es parte del resultado del trabajo de inteligencia e investigación que se reforzó en el segundo año de operaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo, dio a conocer su titular, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, durante su comparecencia ante diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, al presentar su segundo informe de actividades.
De acuerdo con el informe, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía Especializada integró un total de mil cuatro carpetas de investigación, que representan un incremento de 294.43%, con relación a las que se conformaron en 2017 y 2018 (cuando se registraron 341); asimismo se registraron 192 audiencias que fueron celebradas en los diversos distritos judiciales del estado.
Villanueva Arzápalo informó que aún están pendientes, al menos seis órdenes de mandamientos judiciales; se trata de imputados que están prófugos o cuentan con amparos promovidos que impiden poder cumplimentar los ordenamientos judiciales.
Recuperación de predios patrimonio del estado
En relación a la recuperación de predios a favor del estado, la fiscal detalló el aseguramiento de tres millones 968 mil 533.67 metros cuadrados de espacio terrestre en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
Se trata de ocho predios que, en conjunto, registraron un avalúo de poco más de 108 millones 209 mil pesos, por lo que fue considerado un objetivo histórico para Quintana Roo. Dicho combate contra la impunidad, jamás antes visto, permite que esta unidad sea considerada como la más innovadora y reconocida a nivel nacional e internacional.
Sentencias condenatorias
A lo largo de este segundo periodo de actividades, también se obtuvieron cinco sentencias condenatorias con beneficio al patrimonio del estado, logrando la reparación del daño y la penalidad a los servidores públicos, cuyas carpetas de investigación tienen origen en el 2017 y 2018.
En esta lucha contra los actos delictivos se obtuvo la vinculación a proceso en 23 carpetas administrativas, de las cuales en el 8.7% se obtuvo prisión preventiva oficiosa y en el 30% se logró prisión preventiva justificada para ex servidores públicos del estado, es decir, que han requerido internamiento dentro del centro de retención correspondiente.
Este dato nos indica que aproximadamente 3 de cada 8 carpetas administrativas, se resolvieron en prisión preventiva.
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