CANCÚN, Q. ROO.- Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez y quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Claudia Romanillos Villanueva, extitular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo han interpuesto amparos para evitar ser aprehendidos por la justicia.
Ambos están señalados en las investigaciones y denuncias interpuestas por el gobierno de Quintana Roo acusados de dilapidar el patrimonio del estado durante el periodo de Roberto Borge Angulo.
El primero declaró apenas el pasado 20 de diciembre que se encontraba tranquilo al no haber sido notificado de ningún procedimiento legal en su contra. En el registro del recurso de amparo con expediente 1792/2016 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, se lee que éste se promueve en contra de una “orden de aprehensión y otros”; fue interpuesto el pasado 22 de diciembre.
Respecto a Claudia Romanillos Villanueva, tramitó el recurso de amparo 1721/2016 ante el mismo juzgado, que preside Darío Alejandro Villa Arnaiz. Romanillos Villanueva es una de las principales implicadas en las denuncias por la venta del patrimonio territorial del estado.
EL CASO
Las denuncias presentadas por la SGP el pasado 15 de noviembre exponen que a través del IPAE de Quintana Roo, se remataron terrenos de propiedad pública a precios muy por debajo de su valor comercial.
Entre los beneficiarios se encuentran accionistas de la empresa naviera Barcos Caribe, vinculada al exgobernador Borge Angulo.
La SGP señaló a la extitular del IPAE y a Borge Angulo, como responsables de la venta de terrenos que por ley debieron ser empleados en desarrollo social o desarrollo de vivienda, pero, por el contrario, se enajenaron a particulares.
Durante la gestión de Romanillos Villanueva, el IPAE habría vendido 7% de la reserva territorial del municipio de Bacalar; 10% del municipio de Felipe Carrillo Puerto; 23% de Cozumel; 20% de Tulum; 36% de Benito Juárez; 52% de Solidaridad, y 60% de Puerto Morelos, según la SGP.
Fuente: El Economista
