El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en nombre del Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1995 y 2003.
Dicho acto forma parte del acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso 13.377 Silvia Elena Rivera Morales y Otras (niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez) vs. México.
“Como representante del Estado mexicano, reconozco la responsabilidad por el feminicidio de María Elena Chávez Caldera, María Sagrario González Flores, Olga Alicia Carrillo Pérez, Cecilia Covarrubias Aguilar, Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Silvia Elena Rivera Morales y la desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias y ofrezco una sincera disculpa a las víctimas y sus familias”.
En el memorial “Víctimas de Feminicidio”, en el campo algodonero ubicado en Ciudad Juárez, indicó que se permitió la impunidad y reconoció que este sitio simboliza una lucha constante por la justicia porque durante décadas el Estado falló en proteger la vida, integridad personal, libertad, personalidad jurídica, garantías judiciales, honra, igualdad y protección judicial de las víctimas. Además, enfatizó, se vulneraron los derechos humanos de sus familias, que no han dejado ni un solo día de exigir justicia.
Ofreció la disculpa pública a las madres y familiares de las víctimas, entre ellas: Julia Caldera Chávez (madre de María Elena Chávez Caldera, víctima de feminicidio en el 2000); Paula Flores Bonilla (madre de María Sagrario González Flores, víctima de feminicidio en 1998); Irma Pérez Franco (madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, víctima de feminicidio en 1995); Juana Rodríguez Bermúdez (madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003); María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lee (madre y tía respectivamente de Cecilia Covarrubias Aguilar, víctima de feminicidio en 1995 y de la bebé Ibarra Covarrubias, desaparecida desde 1995); Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos (madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995).
Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas y mujeres a la vida. No solo las autoridades no les protegieron, sino que, en muchos casos, fueron éstas las que perpetraron o toleraron la violencia. Las niñas y mujeres de Ciudad Juárez, especialmente las jóvenes de entornos marginados, fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad: por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en condiciones de pobreza y desigualdad.
“Sufrieron violencia en las calles, en el trabajo y por parte de autoridades indolentes. Sus vidas fueron truncadas de manera brutal, dejando un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad. El Estado mexicano reconoce su papel fundamental en la construcción de una sociedad libre de violencia. No hay palabras que puedan reparar el daño causado.”
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, resaltó que el Estado mexicano, en cumplimiento de sus compromisos internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos, ofrece esta disculpa pública y reconoce su responsabilidad ante las lamentables omisiones que impidieron garantizar el derecho a la integridad y vida de las seis víctimas, y desaparición de la bebé Ibarra Covarrubias en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Además, refirió, este acto responde al estricto cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Previo al acto de reconocimiento y disculpa pública, en las oficinas de gobierno del estado de Chihuahua denominadas Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración suscribió el acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo 288/21 de la CIDH, con las familias de las víctimas.
El acuerdo busca obtener alcances individuales y colectivos en el estado de Chihuahua; entre otros, compromete la capacitación a personal servidor público sobre el principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres, así como la debida diligencia para el caso de la desaparición de mujeres, además de fortalecer la incorporación del enfoque de género en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
También tareas encaminadas a la implementación de medidas que prevengan la repetición de violaciones graves a los derechos humanos. Aunado a ello, el acuerdo proporciona una hoja de ruta para el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, lo que brinda certeza a las partes sobre los pasos a seguir.
Posterior al acto de disculpa pública, el subsecretario encabezó la develación de una placa de bronce colectiva en la Fiscalía General del estado de Chihuahua, así como de una cruz de concreto en memoria de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, en los terrenos de la antigua estación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferromex), en Ciudad Juárez.
Estuvieron presentes las titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada; de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún; la encargada de despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Sayda Yadira Blanco Morfín; y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Froylán Vladimir Enciso Higuera.
Por parte del gobierno del estado de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez; la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la entidad, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández; y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez, Rubí Enríquez Parada; así como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; y el titular de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
Igualmente, la fundadora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. Cedimac, Ivonne Mendoza Salazar; y la presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights), Kerry Kennedy, entre otros.
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