CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial de la Federación lanzó un plan de austeridad para ahorrar hasta mil 900 millones de pesos durante 2017, monto equivalente a 2.7 por ciento de su presupuesto autorizado de casi 69 mil 500 millones de pesos.
El plan incluye “el diferimiento de proyectos de obra pública no prioritarios”, que no fueron detallados en el comunicado conjunto de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Grupo REFORMA publicó este domingo que, en el segundo semestre de 2016, el CJF adjudicó 16 contratos para obras nuevas que suman casi 4 mil millones de pesos, entre ellos seis palacios de justicia federal y ocho centros de justicia para el nuevo sistema penal, que requiere infraestructura distinta a la existente.
“El PJF es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales”, dice el comunicado.
“Frente a ello, la SCJN, el CJF y el TEPJF, acordaron establecer de manera inmediata medidas de contención en el ejercicio del gasto por un monto estimado en hasta mil 900 millones de pesos, que se reintegrarán a lo largo del ejercicio fiscal de 2017, los cuales contribuirán a un aprovechamiento responsable de los recursos, en un marco fortalecido de austeridad, transparencia y rendición de cuentas”, agregó.
En 2017, el CJF tiene agendados seis nuevos proyectos de fortalecimiento de infraestructura, a los que asignaría 2 mil 727 millones de pesos, busca instalar 46 nuevos juzgados de distrito y tribunales de circuito, que costaran 563 millones de pesos, y también tiene 324 millones de pesos para 35 juzgados que atenderán asuntos laborales.
Algunos de estos proyectos son los que podrían aplazarse, pues las obras licitadas en 2016 ya cuentan con contratos firmados con múltiples empresas privadas, que tendrían derecho a indemnizaciones.
Además de aplazar algunas obras, el PJF buscará ahorros en rubros como viáticos, pasajes, compra de bienes muebles e inmuebles, y gastos de ceremonial y difusión, no se llenarán las plazas laborales vacantes y se devolverán al erario los ingresos excedentes.
El PJF ha experimentado un crecimiento incesante en el número de tribunales y empleados, derivado de reformas que facilitan la promoción de amparos, así como de nuevas atribuciones otorgadas por el Congreso.
“La carga de trabajo se ha incrementado al pasar de 426 mil asuntos en 1995 a aproximadamente 1.4 millones en 2016. Para 2017-2018 se estima que la demanda promedio será de alrededor de 1.5 millones asuntos como resultado, entre otros aspectos, de las diversas reformas Constitucionales que han permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos con los órganos jurisdiccionales”, explicó el CJF en su petición presupuestal para 2017.
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