La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al Gobierno de México a garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas en la cobertura del flujo migratorio.
En un comunicado conjunto, los organismos pidieron que se garantice a estas personas realizar su legítima labor de monitoreo, documentación y comunicación en la llegada de las caravanas en la frontera sur del país.
Señalaron que han tenido conocimiento de recientes amenazas y actos de hostigamiento que personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sufrido por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y funcionarios públicos.
Esto como consecuencia de su legítima actividad monitoreando y documentando las caravanas en el estado de Chiapas.
“La CNDH y la ONU-DH condenan estos actos de amedrentamiento y obstaculización de la labor que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizan”, puntualizaron.
Recordaron la importancia de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a su paso por México.
Y destacaron la labor de periodistas y medios de comunicación, la cual dijeron “resulta fundamental para dar a conocer a toda la sociedad la situación en Chiapas“, así como la realidad que enfrentan las migrantes integrantes de caravanas, solicitantes de asilo y refugiadas y el proceder de las autoridades.
Afirmaron que gracias a los medios de comunicación se han identificado posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades de migración, incluyendo a los grupos más vulnerables como mujeres embarazadas y niños, entre otros.
Señalaron la importancia de que los defensores de derechos humanos puedan actuar libremente y sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones indebidas.
Finalmente, pidieron a las autoridades garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, “todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
La región vive una ola migratoria sin precedentes en años y, como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
El mes pasado, la Secretaría de Gobernación confirmó que han sido asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
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