CANCÚN, Q. ROO.- La opacidad en los municipios de Quintana Roo no es privativa de los ayuntamientos, existen métricas que colocan a la entidad por debajo de la media nacional en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de ley, aseguró Francisco Álvarez Córdova, director de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El funcionario federal estuvo en Quintana Roo para el Primer Encuentro de Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo Sostenible, donde dijo que a partir de las reformas a la Ley de Transparencia a nivel federal, se pasó de 40 a más de 70 obligaciones comunes que deben cumplir los sujetos obligados en todo el país.
Ello implica una carga muy pesada, sobre todo para los municipios en México, pues recordó que de los dos mil 400 que existen en el país, la mayoría son de alta marginalidad, lo cual implica que carecen de los recursos para la implementación de la tecnología y la capacitación que se necesitan para cumplir con sus obligaciones de garantizar transparencia y acceso a la información a la ciudadanía.
Dijo sin embargo, que en municipios como los de Quintana Roo, que no son de alta marginalidad, existen órganos garantes, como lo es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo) que deben cumplir con sus funciones e incluso aplicar las sanciones previstas en la ley en contra de los funcionarios, ya sean de nivel municipal o estatal, que incumplan con las exigencias de la ley estatal de transparencia. Se trata, dijo, de voluntad política para hacer que las cosas funcionen.
Los órganos garantes de los gobiernos de los estados están obligados no sólo a aplicar las sanciones correspondientes, sino a generar los mecanismos que permitan a las ciudadanía tener la información suficiente y disponible que le permita detectar si hay posibles actos de corrupción en actos de gobierno, pero además en partidos políticos y sindicatos que se financien con recursos públicos, añadió Álvarez Córdova.
A cuestionársele sobre el reciente caso en el que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social se reservó por cinco años información relacionada con los convenios que firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mediante los cuales se comprometió el pago de 450 millones de pesos a empresas fantasmas para la elaboración de spots publicitarios, el funcionario dijo desconocía los detalles del caso, sin embargo, al tratarse de contratos otorgados para publicidad oficial, “dicha información tuvo que hacerse pública”.
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