CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerró 48 clínicas disfrazadas como “spa”, en las que, supuestos médicos hacían procedimientos quirúrgicos sin contar con licencia o cédula profesional.
Miguel Alejandro Pino Murillo, director general de la Cofepris en Quintana Roo, reconoció que de enero a la primera mitad de junio, se detectó y procedió al cierre temporal de las clínicas ilegales, principalmente en la zona norte de la entidad.
Según la Cofepris, en esos sitios, incluso se llegaba a realizar partos sin contar con la infraestructura sanitaria ni con personal certificado, poniendo en riesgo la vida de la madre y el bebé.
“Desde el tema de partos, no pueden tener un bebé en cualquier centro o consultorio como tal; sin embargo, muchos médicos generales, sin tener el área adecuada para este tipo de actos, lo estaban realizando; de los que han sido reportados se ha llevado a cabo el cierre”, recalcó.
Dijo que otro tipo de trabajos que se realizaban en esos sitios que operaban en la clandestinidad era tatuajes o algún tipo de cirugía estética, principalmente a mujeres.
“Muchos que se hacían pasar como spas y hacían trabajos de belleza, pequeñas operaciones, también consultorios que hacían actos quirúrgicos, lo cual no está permitido, ya que las personas que lo realizan deben ser médicos con especialidad y hasta con licencia de la Cofepris”, resaltó.
Debido a que el cierre es temporal, solamente 14 reanudaron actividades al cumplir con la normatividad sanitaria que establece la comisión, es decir, la licencia de funcionamiento y verificación y que el personal médico cuente con la debida certificación que avale el trabajo quirúrgico.
Tan sólo el año pasado fueron cerrados 80 establecimientos de este tipo; dependiendo de la gravedad, las irregularidades pueden alcanzar multas económicas de hasta 844 mil 900 pesos (10 mil Unidades de Medida de Actualización).
Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, explicó que la propuesta que han recibido de las autoridades es de 400 mil pesos por hectárea, pero no es una propuesta viable a los ojos de la asamblea ejidal.
Recordó que los 165 miembros del ejido han decidido de manera colegiada que no quieren deshacerse de sus tierras, sino que se les integre en el proyecto como beneficiarios, ya sea a través de rentas o algún otro mecanismo que les permita formar parte del auge turístico que las propias autoridades han adelantado que tendrá la zona.
