CHETUMAL, QUINTANA ROO.- El tiradero a cielo abierto de Calderitas se ha convertido en una auténtica “bomba de tiempo” para la salud e integridad de los habitantes de las colonias adyacentes.
La emisión de gases contaminantes resultado de los cotidianos incendios, la falta de medidas de mitigación de procesos de contaminación, entre otros factores, motivaron el amparo que exige al gobierno de Otoniel Segovia Martínez la clausura del mismo.
Pero el plazo ha vencido y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco se encuentra, no sólo en desacato, sino en la “inejecución de sentencia”, motivos suficientes que podrían generar un Juicio de Procedencia para el presidente municipal y la cárcel para los funcionarios públicos de ese municipio, relacionados con la responsabilidad de acatar y cumplimentar la sentencia del Juzgado VI de distrito.
La sentencia inatendida
Como se recordará, un año atrás, un par de menores vecinos de la colonia “Américas 3”, a través de un abogado, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal por el daño que les genera la operación del tiradero a cielo abierto de Calderitas.
En este sentido, se inició el juicio de amparo número 306/2019 sobre el cual, el juzgado ordenó que el Ayuntamiento contaría con un plazo de dos meses para sanear el tiradero a cielo abierto de Chetumal, y cuatro meses para el cierre definitivo del lugar; esta resolución se notificó el 2 de diciembre de 2019.
Es decir, en febrero, se deberían haber realizado las obras de saneamiento y el 2 de abril, se tendría que haber clausurado definitivamente el tiradero.
Lejos, muy lejos de haber cumplido, el desacato de plano de la sentencia generaró que para el mes de marzo se suscitara un nuevo incendio de ese tiradero a cielo abierto, por la evidente falta de control en la generación y emisión de gas natural.
Es muy importante destacar, que para la clausura del sitio, no es suficiente con dejar de usarlo y no permitir el acceso, la NOM-083-SEMARNAT-2003 determina en el numeral 9 todas las actividades que una “clausura” representa.
El basurero y el Covid-19
El argumento del estado de emergencia por la pandemia generada por el Covid-19, de ninguna manera representaría una opción para el Ayuntamiento de OPB, debido a que, las consecuencias para la salud pública por exposición a los gases resultados de la incineración de los residuos son aún más riesgosas que el propio Covid-19, e incluso, esos gases, serían potencializadores del propio virus. Trasciende que los gases que resultan de la quema, contienen en abundancia dioxinas, furanos y otros contaminantes que son cancerígenos, mutagénicos y afectan de manera directa a las vías respiratorias de quien se expone a ellos.
Durante la última quema, el presidente municipal, Otoniel Segovia, se limitó a sugerir a los habitantes que cerraran puertas y ventanas, hecho que denota, no sólo una manifiesta ignorancia, sino hasta un acto de irresponsabilidad, por el eufemismo que representa por sí mismo la recomendación.
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