La Profepa no detecta daños en el ANP pero sí violaciones administrativas por parte del piloto, la arrendadora del helicóptero y el patrón del yate
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó violaciones administrativas y a la legislación ambiental en el Área Natural Protegida (ANP) Parque Nacional Arrecife Alacranes derivado del aterrizaje del helicóptero que transportó al senador priista Emilio Gamboa, al coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, y al empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos.
Por lo anterior, la Procuraduría anunció que impondrá multas, entre los 50 y los 50 mil días de salario mínimo, al arrendador y al piloto del helicóptero, así como al propietario y patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Parque del Parque Nacional Arrecife Alacranes, el pasado 30 de septiembre.
La Dirección General de Aeronáutica Civil le suspendió temporalmente la licencia y advirtió que será multado con 365 mil pesos por desobedecer instrucciones de un controlador de tránsito aéreo, adscrito a Seneam.
“El contratante contrata un servicio y no está obligado a conocer todas las leyes”
“El contratante contrata un servicio y no está obligado a conocer todas las leyes”, justificó Rodolfo González, director de Comunicación Social de la SCT.
La empresa Heliservicio, propietaria del helicóptero, un Bell modelo 412EP deberá pagar hasta 2 millones de pesos por modificar sin autorización el plan de vuelo y aterrizar en un sitio no permitido.
Heliservicio es de José Miguel Bejos, quien tiene contratos y concesiones con la SCT a través de Grupo Prodi, que es socio de la firma portuguesa Mota-Engil en proyectos carreteros y ferroviarios por más de 4 mil millones de pesos.
Según la SCT, la renta del helicóptero fue pagada por el empresario yucateco.
Heliservicio informó que acatará las indicaciones de las autoridades competentes.
MULTA
Heliservicio: 2 millones de pesos
Piloto: 365 mil pesos
De acuerdo con el dictamen de la Profepa, dado a conocer ayer a través de un comunicado, como resultado de una inspección realizada, del 3 al 5 de octubre por una denuncia presentada en redes sociales y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se estableció que el helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, de la empresa Heliservicios, arrendada por el empresario Emilio Díaz Castellanos, aterrizó en la zona núcleo de esa ANP, un espacio donde sólo está permitido el aterrizaje con fines de manejo, vigilancia, investigación o emergencia.
Por su parte, el yate “Maharani”, propiedad del empresario yucateco, tampoco debió navegar en dicho sitio para embarcar a los pasajeros, lo que actualiza una segunda violación legal y administrativa, de acuerdo a las restricciones que impone entre otras disposiciones la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento y el Programa de Manejo de esa ANP.
“La isla Alacranes y en particular la zona en la que aterrizó la aeronave cuentan con señalamientos que informan a los visitantes: Esta isla es sitio de anidación de aves y tortugas marinas, “por favor, no desembarque en esta isla, pues estas especies son muy sensibles a la presencia humana””, se menciona.
La visita de particulares al Parque Nacional implica que sean con motivos turísticos, a menos que el visitante aclare que el motivo de su visita es diverso.
“Los vehículos acuáticos o aéreos que ahí lleguen deben contar con una autorización para ingresar dichos vehículos para la prestación de servicios turísticos”
“En este sentido los vehículos acuáticos o aéreos que ahí lleguen deben contar con una autorización para ingresar dichos vehículos para la prestación de servicios turísticos, aunque no aprovechen recursos silvestres y solo sirvan para recorridos de observación en dicho parque”, indicó la Procuraduría en el comunicado.
De acuerdo a los datos sobre los hechos ocurridos, la Profepa señaló que se advierte que tanto el piloto de la nave como los pasajeros tienen el carácter de visitantes. sin embargo, no todos los pasajeros cometen la conducta infractora.
Para la Profepa, sólo quien rentó la aeronave y el piloto, son responsables. Este criterio también lo aplica para el propietario y patrón del yate, el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos.
La Procuraduría resaltó que el mismo día que el incidente se difundió en redes sociales, el señor Emilio Díaz Castellanos, en un escrito presentado ante la Delegación Federal de la Procuraduría en el estado de Yucatán, asumió plenamente la responsabilidad de los hechos.
Finalmente, la indagatoria que se llevó a cabo por inspectores de la Profepa del estado de Yucatán, concluye que no hubo daños a los ecosistemas ni la alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla.
Foto: Agencia Reforma
