PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A pesar de existir un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en Quintana Roo se pretende hacer una nueva ley al respecto, estando programada la discusión de la misma para el siguiente período ordinario de sesiones de la LX legislatura.
Sin embargo, aún está pendiente la abrogación de la llamada “Ley Borge” solicitada por el gobernador del estado Carlos Joaquín González a petición de un grupo amplio de comunicadores en el estado y que ya fue invalidada en sus aspectos sustantivos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La diputada Eugenia Solís, presidenta de la comisión de derechos humanos en la LV legislatura, comentó en entrevista que se tiene previsto que en septiembre, fecha en que se reinicien los trabajos legislativos, los 25 diputados integrantes del Congreso del Estado analicen y formulen propuestas para la creación de esta nueva ley que pretende brindar certeza jurídica y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Señaló que “no sólo es un diputado el que está llevando este tema sino que los 25 diputados vamos a ver que va a pasar con esta ley que tanto ha sonado en el estado” y comentando a pregunta expresa si este tema será una prioridad para la comisión que preside contestó:
Sí, creo que esto es muy importante puesto que los defensores de derechos humanos como los medios de comunicación son los más buscados, desgraciadamente, no me gusta decirlo pero los servidores públicos son los que tenemos más batalla contra estos mismos personajes y es lo que tenemos que evitar y legislar a favor de los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos”
El objetivo de crear esta ley estatal es adicionarle aspectos para enriquecerla, según comentó Solís Salazar, quien invitó a participar en las discusiones a los interesados, ya que en meses previos se han escuchado voces de periodistas rechazando el hecho de que los foros para la creación de esta ley no se hayan realizado en todos los municipios del estado.
Incluso hay el señalamiento en el sentido de que si existe una ley federal, ya no es necesaria la creación de una ley estatal que sólo significaría más gasto del erario público y de esa manera se evitarían suspicaces nombramientos en los llamados “consejos” como estaba contemplado en la ley vigente.
Mecanismo en marcha
Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del estado ya puso en marcha el mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que actualmente cobija a 9 personas que se han visto afectadas por ejercer su profesión en el caso de periodistas y su labor en caso de defensores de derechos humanos.
Recientemente se emitió un boletín acerca de la coordinación con la Secretaría de seguridad Pública donde se menciona que en el encuentro entre ambas secretarías se habló sobre el Protocolo de Coordinación para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue presentado la semana pasada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) destacando la importancia de la Unidad Estatal de Coordinación, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que ya se encuentra funcionando en estrecha coordinación con el Mecanismo Federal. Dicho protocolo de protección se dará a conocer una vez que sea formalizado.
Los agravios continúan
A pesar del esfuerzo que se está montando para crear este mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, los agravios continúan pues tan sólo en Solidaridad durante semanas anteriores han habido casos documentados de agresiones, como el caso del dueño del portal informativo ElQuintanaRoo.mx, quien recibió amenazas tanto telefónicas como a través de mensajes en mantas y tuvo que solicitar la protección del mecanismo federal. Su caso ha sido expuesto en infinidad de medios nacionales e internacionales.
También está el caso del sacerdote Pablo Pérez Guajardo, defensor de derechos humanos, quien al solicitar la intervención de la regidora de Salud en Solidaridad para que se atendiera a una persona de la tercera edad que lleva más de 70 días esperando ser operada en el Hospital General de Playa del Carmen recibió aspavientos y palabras duras de parte de la funcionaria pública. Esta le dijo a rajatabla: “Pues si tanto le preocupa, consiga dinero para que lo operen”.
O el caso de la reportera Perla Martínez, quien recibió empujones de parte de la directora del Registro Civil en Solidaridad al negarse a brindar una entrevista, hecho confirmado por la funcionaria pública y con sendas denuncias interpuestas ante las instancias correspondientes, sin que se haya sabido de una sanción al respecto, radicando en estos casos como ejemplo la urgencia de establecer reglas y sanciones claras u oportunas para los funcionarios públicos que incurran en este tipo de acciones antisociales.
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