Perdieron su patrimonio por créditos que no pagó la administración de Borge

CHETUMAL, Q. ROO.- Patricia Palma Olvera, dirigente de El Barzón en Quintana Roo, señaló que siguen sin resolverse mil 200 casos de trabajadores que no han podido liquidar adeudos en financieras como Credifácil, lo que ha generado embargos de autos y casas. Explicó que se ha solicitado el apoyo de la administración gubernamental para sacar adelante este universo de afectados antes del segundo trimestre del año.

Señaló que la problemática fue parte de la herencia que dejó la administración de Roberto Borge Angulo, debido a que se domiciliaron vía nómina los descuentos de los créditos solicitados por parte de los trabajadores tanto de gobierno como de maestros en diferentes puntos de la entidad.

Los descuentos se hicieron pero nunca fueron entregados a las empresas de crédito, lo que derivó en embargos por parte de las mismas, lo que generó que miles de trabajadores cayeran en Buró de Crédito.

De un universo de 19 mil trabajadores, explicó, aún se tienen mil 200 casos donde no se han podido recuperar sus cartas finiquito para que queden nuevamente libres de esta presión que ocasionó graves daños al patrimonio de las familias, sobre todo en Chetumal.

Apuntó que empresas como Credifácil llegaron de Monterrey para aprovecharse de la situación de los trabajadores, ya que hicieron prestamos desde cinco mil a los 100 mil pesos, dependiendo del sueldo que recibían muchos de los interesados.

Sin embargo, al cierre de la pasada administración gubernamental se tuvieron estas afectaciones para los trabajadores y no se logró hacer nada por ellos, El Barzón, dijo, ha estado intermediando para frenar los procedimientos de recuperación.

Además de que se ha solicitado el apoyo de la actual administración gubernamental para que se logre regularizar estos casos, pero aún son mil 200 los trabajadores que siguen en espera de poder recuperar su tranquilidad y se espera que en los próximos meses esto sea así.

Hay que recordar que el adeudo a financieras es por más de 600 millones de pesos que aún se tienen por liquidar por parte de la Secretaría de Educación al sector magisterial que sufrió dichos estragos por la pasada administración gubernamental.

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