YUCATÁN.- En conferencia de prensa realizada en el centro cultural Amaro, de Mérida, el Equipo Indignación informó que se trata de una maniobra para evitar que se tomen muestras de agua residual, de aire, de suelo y de alimento que suministran a los cerdos en la granja, para analizar en laboratorios.
También señaló que entre los nuevos abogados de la empresa figura Gerardo Carrasco Chávez, quien es abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. y, en este caso, se encontraría defendiendo a una megagranja porcícola que obtuvo autorizaciones con irregularidades.
La empresa acusa a la juez de “litigar” a favor de los quejosos y asesorarlos, pero lo hace con engaños -dijo Indignación-, puesto que señala que la Juez cuarta se basó en la violación al derecho a la consulta para otorgar la suspensión y sostiene, falsa y dolosamente, que dicha afectación no fue demandada por los quejosos.
La megagranja porcícola obtuvo la licencia de funcionamiento a través del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Yucatán, instancia que, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Homún, único que puede otorgar dicha licencia, se extralimitó en sus funciones, usurpó una atribución del Cabildo y la otorgó.
La megagranja tiene capacidad para 49 mil cerdos en un suelo cuyas características lo hacen particularmente sensible a la contaminación, en plena zona de recarga de la reserva de agua subterránea más importante a nivel mundial, el anillo de los cenotes.
Los dueños de la megagranja porcícola instalada en Homún presentaron una recusación para intentar apartar a la Juez cuarta de distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, del juicio de amparo que presentaron niños y niñas ante el inicio de operaciones de la empresa sin consultar al pueblo maya y ante el riesgo de contaminación de una zona particularmente sensible como es la reserva geohidrológica del anillo de los cenotes.
El recurso intenta deslegitimar y cuestionar la imparcialidad de la Juez que otorgó, como medida precautoria mientras se resuelve el fondo del asunto, la suspensión consistente en la paralización de actividades de la megagranja y el desalojo de miles de cerdos que se encontraban ya en ella, orden que fue reiteradamente incumplida durante dos meses y que todavía hoy desconocemos si se ha cumplido cabalmente.
La recusación, que tiene como efecto inmediato la paralización de las actuaciones del juicio hasta que se resuelva si procede o no, lo cual demorará por presentarse en fechas festivas, parece en realidad un recurso para impedir la toma de muestras de agua residual, de aire, de suelo y de alimento que suministran a los cerdos para analizar en laboratorios y que tenía que hacerse precisamente en estos días en la granja
El recurso, que a juicio de quienes suscribimos este comunicado no tiene mayor sustento, pretendería evitar que se desarrollen las pruebas periciales y ganar tiempo para eliminar cualquier evidencia de contaminación generada por tres meses de estancia de los cerdos, lo cual nos obliga a preguntarnos porqué han impedido reiteradamente y a toda costa la entrada e inspección judicial a la granja.
La recusación firmada por José Enrique Ortiz García, como representante de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), se suma a otras actuaciones recientes en el juicio de amparo por parte de la megagranja, como el cambio de abogados.
Entre los nuevos abogados autorizados de parte de PAPO se encuentra Gerardo Carrasco Chávez, lo cual llama la atención debido a que es abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C., y, en este caso, se encontraría defendiendo a una megagranja porcícola que obtuvo autorizaciones con irregularidades, sin consultar al pueblo maya y cuyo funcionamiento en una zona de suelo tan vulnerable presenta un enorme riesgo de contaminación de una de las reservas de agua más importantes a nivel mundial: el anillo de los cenotes.
Vale la pena recordar que la megagranja porcícola obtuvo la licencia de funcionamiento a través del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Yucatán, instancia que, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Homún, que es el único que puede otorgar dicha licencia, se extralimitó en sus funciones, usurpó una atribución del Cabildo y la otorgó, además de que el recurso lo resolvió en 48 horas hábiles, una rapidez inusitada.
