El ministro de Economía de Perú, Álex Contreras, confirmó este miércoles el incremento gradual del impuesto selectivo al consumo (ISC) desde marzo próximo, que impactará en el precio de cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre otros productos, pero aseguró que no afectará la reactivación económica, tras un 2023 que concluyó en recesión.
En declaraciones a la prensa, Contreras quiso ser enfático en aclarar que la decisión de reajustar el ISC “no afectará los esfuerzos para reactivar a la economía y, menos, a las pequeñas bodegas (pequeñas tiendas de conveniencia) que han sido muy golpeadas en el 2023″.
“Todos los años se hace un reajuste del impuesto selectivo al consumo. La primera vez que no se hizo tal reajuste fue en el 2022. Ese año fue una decisión acertada tomando en cuenta las circunstancias económicas por las que veníamos atravesando”, señaló el ministro.
Sin embargo, en el 2024, denominado por el Ejecutivo como “el año de la recuperación, hemos creído conveniente actualizar el ISC que regirá a partir de marzo próximo”, afirmó Contreras.
El titular de Economía indicó que el Estado peruano dejó de recaudar unos 130 millones de soles (34 millones de dólares) por ese concepto durante el año pasado.
“Recordemos que el Estado también ha sufrido una caída importante de ingresos el año pasado, la peor de su historia, dejando de lado la pandemia. Lo que estamos haciendo es recuperar esos ingresos fiscales de manera gradual, pero sin afectar la reactivación”, manifestó.
La actualización del ISC, que también aplica a casinos, loterías y combustibles, se publicará con un cronograma en los próximos días, la cual será gradual para no afectar la recuperación económica de microempresas como las bodegas, indicó el ministro.
Además, “instalaremos una mesa de trabajo para que haya mayor transparencia en este proceso”, apuntó Contreras.
No obstante, el anuncio del ministerio de Economía ha generado el rechazo de la Asociación PYME del Perú porque “afecta directamente la economía y el trabajo de cientos de miles de empresarios y trabajadores del sector bodegas en todo el país”, señaló en un comunicado.
Agregó que la “decisión equivocada” del ministerio incrementa la actividad informal, ya que las bodegas y otras empresas MYPES “vienen sufriendo la extorsión de bandas criminales, el abuso de los municipios, y una legislación perversa y punitiva”.
“Todo esto empuja a las micro y pequeñas empresas a la subsistencia mediante la actividad informal”, advirtió.
En ese sentido, la asociación gremial pidió al gobierno que se tomen “las medidas correctivas” que permitan el desarrollo, y “brindar las condiciones necesarias para el despegue de la micro y pequeña empresa, sin trabas, y con una regulación promotora”.
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