Este miércoles, elementos de la policía peruana desplegaron a miles de agentes en todo el país para controlar el orden público, tras las protestas que exigen la destitución de la mandataria Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.
Dichos enfrentamientos marcan la peor violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes en su mayoría de regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Además de que algunos también piden la liberación de los detenidos durante las protestas que se desarrollaron entre diciembre y marzo pasado, incluido el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre tras un intento fallido de dar un golpe de Estado.
Sin embargo, la petición de libertad para Pedro Castillo no es solicitada por la mayoría de los sectores convocantes, lo que ha abierto algunas brechas entre los manifestantes.
“Las marchas continuarán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte” dijo el líder sindical que convocó a la huelga, Gerónimo López.
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