Defensores de migrantes han pedido al Gobierno del presidente Joe Biden que, tras el desmantelamiento de ‘Quédate en México‘, garantice que todos los solicitantes de asilo enrolados en el programa puedan ingresar a Estados Unidos a continuar el desarrollo de sus casos lo más pronto posible.
“Esperamos que la Administración Biden actúe con la urgencia que merecen las familias que buscan seguridad”, dijo Erin Mazursky, directora interina de Families Belong Together, en un comunicado de la campaña Welcome With Dignity, que agrupa a decenas de organizaciones.
A su vez Blaine Bookey, del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), señaló que “durante más de tres años”, el programa ha expuesto a quienes buscan asilo a “una violencia indescriptible”, por lo que el Gobierno Biden “debe garantizar que todas las personas sujetas a esta atroz política tengan una oportunidad significativa de presentar sus solicitudes de asilo de manera segura dentro de Estados Unidos”.
La petición se dio tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el fin del programa, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer fuera en México mientras se procesaban sus casos.
El Gobierno tomó este paso después de que el juez federal Matthew Kacsmaryk anulara el lunes su orden de reinstalar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), o ‘Quédate en México’.
El juez había fallado en favor de una demanda entablada por los estados de Texas y Missouri, que pretendían mantener MPP argumentando que la Casa Blanca no tenía autoridad para desmantelarlo.
Kacsmaryk tuvo que ceder ante el fallo de la Corte Suprema, que en junio dictaminó que el Gobierno demócrata puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.
El DHS dijo anoche que “se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada”.
Explicó que Estados Unidos no ha inscrito recientemente solicitantes de asilo al programa, y que “las personas que actualmente están en MPP en México serán sacadas del programa cuando regresen a su próxima cita programada en la corte de migración”.
Agregó que “las personas que serán sacadas de MPP continuarán con sus procedimientos en Estados Unidos”.
Al respecto, Raha Wala, del National Immigration Law Center, instó a la Administración a “tomar medidas adicionales para garantizar que todas las personas perjudicadas por esta política puedan presentar su solicitud de asilo de manera justa y expedita dentro del país”.
Esta es la segunda vez que el Gobierno pone en marcha el fin de MPP. En febrero del 2021 trató de desmantelar el programa, como había prometido Biden en campaña, y abrió las puertas a los afectados por la medida, que en su primera fase duró dos años (2019-2021).
Más de 60 mil solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera mexicana, hicieron parte de la primera parte del programa.
Pero tras la demanda de Texas y Missouri, la Casa Blanca se vio obligada a restablecer en diciembre pasado el programa. Cerca de 5 mil 800 migrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP, según recientes cifras. La mayoría de los inmigrantes son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.
No está claro si todos aquellos quienes no culminaron sus procesos en la primera parte de MPP lograron ingresar a Estados Unidos a seguir sus casos. Los activistas han abogado porque las nuevas directrices protejan a todos los inscritos en el programa.
El DHS indicó que proporcionará información adicional en los próximos días sobre el proceso. “Las personas inscritas en MPP deben seguir las instrucciones en sus documentos judiciales y hojas sueltas para presentarse en la fecha programada en el tribunal según sea necesario”, señaló.
Pero el periplo para los afectados parece no terminar aquí. Las organizaciones han advertido al Gobierno sobre los esfuerzos de Texas y Missouri por continuar la batalla legal.
Este martes el fiscal de Texas, Ken Paxton, arremetió contra la Administración demócrata al asegurar que su decisión de poner fin a MPP “ha dejado en claro que nuestras fronteras están abiertas y no le importa cómo impacta a nuestras comunidades”.
Paxton, quien busca su reelección, agregó que seguirá luchando para “detener esta locura”.
Eleanor Acer, directora de protección de refugiados en Human Rights First, consideró que cualquier intento de forzar la continuación de esta política debe ser rechazado.
La activista consideró que la advertencia de Paxton es “teatro político irresponsable que pone en peligro la vida de las personas que buscan refugio”.
Los activistas también señalaron que si bien el Gobierno Biden obtuvo una victoria legal al poner fin a MPP, esto tendrá un impacto limitado en la actual política fronteriza de Estados Unidos y el sistema de asilo.
Sunil Varghese, del Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP) advirtió que “sin restablecer el pleno acceso al asilo, incluso mediante la terminación del Título 42 (que permite la expulsión inmediata de solicitantes de asilo por motivos de salud pública) seguirán siendo forzados a situaciones inhumanas y, a menudo, mortales”.
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