CIUDAD DE MÉXICO. –La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, denunció 35 agresiones contra periodistas, entre amenazas, intimidaciones, ataques físicos y privación de la libertad en Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.
En reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el pasado martes, con fiscales de estas tres entidades y organizaciones de periodistas, la diputada Brenda Velázquez Valdez pidió a las autoridades información del estado que guardan las investigaciones de estas agresiones, así como de las indagatorias por abuso de autoridad, amenazas y lesiones contra periodistas.
Sobre la Ciudad de México, la legisladora del PAN dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia capitalina reportó dos abusos de autoridad, siete amenazas y cuatro robos, por lo que pidió al titular de la fiscalía información sobre los avances de cada caso y acerca del asalto a las oficinas del medio digital ‘Endirecto.com.mx’, el pasado 11 de julio.
También informó que en el caso de Chiapas se tiene conocimiento de ocho amenazas e intimidaciones, cinco ataques físicos o materiales y dos por abusos de autoridad, así como una privación de libertad; en Quintana Roo se reportaron cuatro ataques físicos y una privación de la libertad, según el informe de la misma fiscalía local.
Destacó que, de los 11 asesinatos de periodistas, ocurridos de diciembre pasado a la fecha, sólo han sido presentados sospechosos en los casos de Maximino Rodríguez y Miroslava Breach Velducea. De los otros nueve periodistas, puntualizó “no hemos conocido avances de las investigaciones y las autoridades federales permanecen en la indiferencia”.
El fiscal Especial para Periodistas de Chiapas, Carlos Tovilla Padilla, informó que tiene sólo siete carpetas de investigación orientadas a los delitos de amenazas, robos, lesiones y otras vulneraciones contra el gremio, una dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal del 2016 y seis más del 2017.
Afirmó que en Chiapas lo que genera mayor complejidad para el ejercicio de la libertad de expresión es la actuación de algunos funcionarios de los ayuntamientos, “hemos identificado que nos hacen falta mecanismos de actuación en la materia”; por lo que adelantó que la fiscalía ya construye un protocolo, que parte del nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de hacer un análisis de riesgo y medidas de protección, para dar seguimiento y cumplimiento a cada caso.
Resaltó que, en la última década, la entidad no tiene ningún documento o evento asociado a los periodistas, en donde se diga que está en riesgo su vida o su libertad; sin embargo, reconoció que existen casos de amenazas, donde ya cuentan con indicios.
Advirtió que aún se tienen tres incompetencias de la Procuraduría General de la República (PGR) remitidas al fuero común sobre el ejercicio del periodismo asociado a la libertad de expresión.
Puntualizó que los delitos de amenazas, lesiones, daños, no son considerados como de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se está en interlocución para mitigar la situación de riesgo, pero también para obtener la reparación del daño y sobre la investigación ejercer las acciones, porque “si no se atiende el tema del riesgo en el momento y la medida de protección, entonces, se puede tener una noticia lamentable”.
A su vez, Miguel Ángel Pech Cen, fiscal General de Quintana Roo, dijo que, de un total de 45 denuncias interpuestas en las diferentes agencias del ministerio público, hoy fiscalías, sólo una ha sido por el delito contra la libertad de expresión, y que en Cancún se ha tenido la mayoría de estas denuncias.
No obstante, admitió que no se ha instalado el Comité para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aun cuando la ley ha sido normada, sin embargo, dijo, están en discusión diversos grupos sociales en aras de ajustar la ley en la materia o abrogarla.
Tampoco, dijo, existe una fiscalía para atender delitos contra los periodistas y aclaró que los mecanismos de protección están ya contenidos en una ley, tanto de protección de periodistas como para grupos defensores de derechos humanos.
Margarita Vázquez Sánchez, fiscal Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Ciudad de México, consideró imperante legislar el delito de amenaza en las redes sociales, por lo que pidió a la legislatura analizar la posibilidad de normar las intimidaciones cibernéticas, ya que en muchos casos las compañías no facilitan información para esclarecer esos casos.
Indicó que otro hecho grave, es que las y los periodistas agredidos no denuncian y los que lo hacen, en muchas ocasiones no regresan para dar continuidad al proceso, por lo que queda sin resolver.
Teodoro Rentería Arróyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), subrayó que “los informes emitidos por las fiscalías son terribles y todos los asuntos quedan en total impunidad. Desde hace 16 años se creó el primer grupo que buscaba la protección a los periodistas, aquí, en la Cámara de Diputados, y desde aquel tiempo no se ha avanzado nada”.
Afirmó que es indispensable la federalización de los delitos contra informadores y medios de comunicación; se logró una iniciativa de ley en la que se comprometieron los líderes políticos de distintos partidos; sin embargo, no se ha hecho nada, pese a que es una ley que debería ser defendida desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Resaltó que un estudio de Artículo 19 refiere que las agresiones a periodistas provienen primordialmente de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entonces, se requiere que estos delitos en contra de la libertad de expresión se reconozcan con un fuero federal.
Teodoro Rentería Villa, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Faparmex), estimó que se debe impulsar una iniciativa para elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de comunicadores y una Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental como medida para lograr un periodismo libre.
Además, destacó que debe otorgar a los periodistas contrato de trabajo y seguridad social, pues cerca del 90 por ciento del gremio no tiene esas garantías.
En la reunión de trabajo de la Comisión también participaron la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa y el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN: el diputado de MORENA, Virgilio Caballero Pedraza; y el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI.
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